El conflicto en el subte porteño sumó un nuevo capítulo tras la denuncia impulsada por el Gobierno de la Ciudad, SBASE y la concesionaria Emova contra 170 trabajadoras y trabajadores, a quienes se acusa bajo la figura de “asociación ilícita”. La causa, que quedó a cargo de la fiscal Celsa Ramírez, introduce un componente judicial que eleva la tensión en el sector.

De acuerdo a la presentación, la acusación se vincula con medidas gremiales desarrolladas entre 2024 y 2025, incluyendo paros y acciones sindicales promovidas por AGTSyP, gremio que conduce Néstor Segovia tanto de manera autónoma como en articulación con la CATT, organización a la cual el sindciato se encuentra afiliada.

Desde el gremio rechazaron la imputación y sostuvieron que se trata de un intento de encuadrar la actividad sindical dentro de una figura penal. En ese sentido, advirtieron que la denuncia busca criminalizar la protesta y limitar el ejercicio de derechos vinculados a la organización colectiva.

El conflicto de fondo se inscribe en una relación tensa entre la empresa concesionaria y el personal del subte, atravesada por reclamos laborales, condiciones de trabajo y antecedentes recientes de medidas de fuerza. La judicialización del caso suma un elemento de mayor complejidad, al exponer a los trabajadores a posibles consecuencias penales.

El gremio declaró el estado de alerta y movilización, y denunció la existencia de una persecución contra sus afiliados. Además, convocó a organizaciones sindicales, sociales y políticas a pronunciarse frente a lo que consideran un avance sobre derechos constitucionales como la libertad sindical y el derecho a huelga.

Como antecedente, desde la AGTSyP recordaron que en 2018 la misma fiscal había impulsado una denuncia de características similares, que finalmente fue desestimada por la Justicia. Ese episodio es señalado por el sindicato como un indicio de reiteración en el intento de judicializar la actividad gremial.

En este contexto, el gremio convocó a una conferencia de prensa para el miércoles 6 de mayo, donde se espera que amplíe su postura sobre la causa y detalle el escenario actual del conflicto. Aunque no fueron confirmadas, no se descarta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza que podrían impactar en la prestación del servicio.