El Gobierno dispuso la intervención del Puerto de Ushuaia a través de la Resolución 4/2026 publicada en el Boletín Oficial. Con la aprobación del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (APYN), Iñaki Miguel Arreseygor, se confirmó la suspensión de la habilitación del Puerto de Ushuaia por el plazo de un año, tiempo que puede ser prorrogado.

Lo curioso es que la gestión libertaria, quizás la más antisindical desde el regreso de la democracia, se basó en la denuncia de un sindicato y hasta nombró al sindicalista al frente de uno de los enclaves estratégicos para el comercio y la soberanía nacional.

La denuncia realizada por el secretario general de Unión Personal Superior Ferroviario de Tierra del Fuego hablaba de una preocupación por la promulgación de la Ley Provincial N° 1596 de “Sostenibilidad y Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF)”. Habló de un presunto desvío de dinero multimillonario.

Horas más tarde fue el propio Juan Andrés Avellaneda, el jefe local de la UPSF, quien fuera designado al mando de la intervención. Algunos lo catalogaron de «premio» por darle un salvoconducto a la gestión Milei para tomar la determinación.

La Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF) se constituyó formalmente el 18 de junio de 2014 pero su derrotero estuvo fuertemente marcado por su cercanía posterior al poder de turno. De hecho bajo la administración de Cambiemos, el Ministerio de Trabajo emitió la Resolución 219-E/2017, que autorizó la inscripción de la UPSF en el Registro de Asociaciones Sindicales como entidad de primer grado.

El macrismo la utilizó como herramienta para tratar de debilitar a la histórica Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles (APDFA) gremio que en ese momento se enrolaba en la Corriente Federal de Trabajadores, un nucleamiento cercano al kirchnerismo y abiertamente opositor a la gestión de los amarillos.

Ahora casualmente, o no tanto, un Gobierno que se pronunció ideológicamente en contra del reconocimiento estatal a los gremios, le hizo un favor: hace apenas 6 meses emitió una resolución que amplió su ámbito de actuación territorial y permitió que sea reconocida formalmente en Tierra del Fuego. Quizás sin ese paso previo la denuncia no hubiera prosperado.

Antes de la decisión libertaria, y por la falta de reconocimiento territorial formal, Avellaneda actuaba como referente del sindicato pero sin legalidad. Hoy es el delegado del Gobierno de un puerto que puede cambiar la ecuación de la soberanía del país.