La presentación fue realizada por el presidente del MEAB, Juan Méndez, ante el titular del organismo, Horacio Rosatti, y solicita la suspensión preventiva del magistrado y su posterior remoción. “Las conductas del juez configuran un apartamiento reiterado del derecho aplicable, con pérdida de imparcialidad y afectación de la defensa en juicio”, sostiene el escrito.

El eje del conflicto se remonta a la cautelar dictada el 30 de marzo por Ojeda, que frenó parcialmente la reforma laboral tras una presentación de la CGT que denunció su inconstitucionalidad. Desde el sector empresario cuestionan que la decisión haya sido tomada “en pocos días, sin sustanciación adecuada del expediente y sin observar los requisitos legales”, y advierten que incluso alcanzó artículos que no habían sido incluidos en la demanda original.

Uno de los puntos centrales de la denuncia apunta a la competencia del juez. Según el MEAB, Ojeda no debía intervenir en el caso, ya que se trata de una ley nacional con el Estado como parte demandada, lo que correspondería al fuero contencioso administrativo federal. En esa línea, remarcan que la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ya se había declarado competente el 10 de abril, pero que el magistrado laboral continuó con la causa.

Además, el escrito enumera una serie de presuntas irregularidades procesales: “Se omitió pronunciarse sobre cuestiones esenciales como la inexistencia de un caso concreto o la falta de legitimación de la parte actora”, señala Méndez. También cuestiona el manejo del expediente, que habría tenido acceso restringido, la adopción de un trámite sumarísimo sin fundamentación y la falta de traslado de documentación a la defensa.

Otro punto polémico fue la decisión del juez de excluir al Procurador del Tesoro y a sus adjuntos de la representación legal del Estado, bajo el argumento de falta de matrícula profesional. Para el denunciante, esa resolución “contradice la normativa vigente y la jurisprudencia de la Corte Suprema”, que habilita a esos funcionarios a ejercer su rol sin ese requisito.

La denuncia también incorpora como prueba una entrevista radial en la que Ojeda habría anticipado el curso de causas similares impulsadas por sindicatos. Según la transcripción presentada, el magistrado mencionó que existen “20 o 30 amparos” contra la misma ley y que “tendrán su medida cautelar en su momento”, lo que, para el MEAB, evidencia una pérdida de imparcialidad.

En paralelo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le dio carácter suspensivo al recurso presentado contra la cautelar, al considerar la “especial entidad” de una medida que impacta sobre normas sancionadas por el Congreso.

El caso se da en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno, el sector empresario y las organizaciones sindicales por el alcance de la reforma laboral. Mientras la CGT busca frenar cambios que considera regresivos para los derechos de los trabajadores, desde el empresariado presionan para que la normativa entre en vigencia. La resolución del Consejo de la Magistratura será clave no solo para el futuro del juez, sino también para el rumbo judicial de una de las reformas más sensibles para el mundo del trabajo.