La central opositora sostuvo que la energía “debe ser considerada un recurso natural de carácter estratégico y su explotación debe contribuir al desarrollo territorial de las provincias y ámbitos de donde se extrae”, por lo que calificó de “inadmisible” que se persista en la visión que “considera la renta como único beneficio hacia las empresas”.

“También es inadmisible que los asuntos vinculados a los contratos no sean tratados con la máxima transparencia”, criticó la CGT opositora en un comunicado.

Además sostuvo que el proyecto enviado al Congreso “aporta poco y nada al respecto tanto en las transacciones como en el compromiso ambiental” y agregó: “Parece que no se aprendió la lección de Repsol cuyo daño ecológico lo pagarán los patagónicos”.

El documento, que lleva la firma de Moyano señala que “la autoridad de aplicación no sólo ignora los costos de cada explotación sino que desconoce el nivel de las reservas; la información de que dispone es la provista por los propios concesionarios y la nueva ley profundiza esa dependencia”. Por eso, alertó que durante ‘los próximos 60 años, lo que hayan extraído del subsuelo, de acuerdo a la ley, será conocido por la autoridad y por la sociedad, exclusivamente, por declaración jurada del concesionario”, por lo que “el pueblo argentino jamás sabrá lo que han extraído las petroleras y lo que se llevarán de nuestro patrimonio”.