Por: Diego Lanese.

Apenas 11 días después de asumir su mandato, Raúl Alfonsín presentó el Congreso uno de los proyectos que marcaría su gestión. De la mano de su ministro de Trabajo Antonio Mucci, el gobierno radical apuntó sus cañones al modelo sindical argentino, creado en el primer peronismo, y que creó una alianza hasta ese momento indisoluble entre esa fuerza y las estructuras gremiales. La norma, que se inmortalizó como Ley Mucci, se lanzó bajo el noble argumento de la “democratización sindical”, pero tenía en el fondo la intención de romper esa unidad, en el momento histórico que parecía más débil. Pero el diagnóstico ignoró que el ataque unificó criterios dentro del movimiento obrero, y fue una especia de motor para una renovación tanto dentro del peronismo como de la dirigencia gremial. El intento de modificar el unicato tuvo un efecto contrario al deseado por Alfonsín: le permitió a las viejas estructuras depurar a quienes eran cuestionados por la derrota electoral, y darle poder a quienes serían protagonistas de su restauración. El caso más notable es el de Saúl Ubaldini, que luego de ser la cara de la resistencia a la dictadura terminó al frente de la unificada CGT, y fue el símbolo del rechazo al errante modelo económico alfonsinista. En este sentido, la Ley Mucci dinamitó rápidamente cierto consenso que logró a UCR, que quedó condicionada n su relato que intentó quitarle la centralidad al peronismo en la clase trabajadora.

La decisión de Alfonsín de arremeter contra los gremios apenas inició su gestión apuntó a aprovechar un momento histórico que consideró de debilidad en la alianza peronismo-gremio y clase trabajadora. La recuperación de la democracia encontró a los sindicatos divididos luego de la violenta represión militar. Desde 1976, la CGT y sus gremios fueron intervenidos e ilegalizados,  sus dirigentes perseguidos y en muchos casos detenidos y desaparecidos. La rebelión de Ubaldini y la “Comisión de los 25” fracturó el movimiento obrero, que llegó a 1983 con dos CGT: la Argentina y la Brasil. En campaña, Alfonsín azuzó la idea de “pacto sindical-militar”, bajo la idea de una supuesta amnistía que proponía el peronismo para los jerarcas militares. La derrota de Ítalo Luder  generó una crisis en el sector, y los dirigentes más representativos fueron apuntados como los “padres” de la primera elección que el peronismo perdió. Esa idea –opacada por la historia oficial que atribuye al “cajón de Herminio” la derrota –alentó al radicalismo a ir por el modelo sindical, bajo la excusa  de la democratización. Pero no contó con la decisión de defender algo más que un modelo: una tradición política y sindical.

El corazón del modelo sindical argentino es el unicato, que se sostiene en la Ley de Asociaciones Sindicales, en su artículo 31, que determina que las entidades sindicales con personería gremial “tienen como derecho exclusivo defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores”, mientras que las entidades simplemente inscriptas sólo podrán “peticionar y representar, a solicitud de parte, los intereses individuales de sus afiliados”. Esto entrega a las primeras el monopolio de la representación individual y colectiva de los trabajadores, lo que choca contra la libertad y democracia sindical. Contra esto fue el radicalismo. El Proyecto de Reordenamiento Sindical también buscaba democratización interna (establecía la elección de autoridades gremiales mediante el voto directo y secreto de los afiliados; representación de minorías (obligaba a incluir a las listas minoritarias en las comisiones directivas de los sindicatos), y fiscalización estatal (El Estado, a través de la justicia electoral, debía supervisar los comicios para garantizar transparencia). Además, la dictadura había intervenido la CGT y todos los gremios, lo que dio como resultado que en aquel 1984 cuando se trató la ley más de 750 entidades debían ser normalizadas.

Reorganización peronista

Con esta dispersión, el inicio del debate pareció darles la razón a los impulsores de la norma. Alfonsín tuvo algunos aliados sindicales que formaban parte de una tradición ajena a la ortodoxia peronista. En ese listado, llamado Mesa de Enlace Gremial, estaban el Movimiento Nacional de Renovación Sindical (MNRS), de donde provenía el propio Mucci; el Encuentro Nacional de los Trabajadores (ENTRA), cuyo nombre más relevante era el dirigente sindical de la metalúrgica Acindar Alberto Piccinini, la Asamblea Gremial Argentina (AGA); y el Plenario Sindical Nacional (PSN), encabezado por histórico dirigente textil Andrés Framini. Pero el sindicalismo, rápido de reflejos, comenzó a unir filas en contra de la ley. El primer síntoma de eso fue que en enero del 84, a poco de iniciar el debate, las dos fracciones de la CGT se unificaron. Para eso, el histórico Lorenzo “Loro” Miguel pagó los platos rotos, de la derrota electoral y la división sindical, y tuvo que renunciar a sus cargos (también en el PJ). Así, asumió Ubaldini la nueva central obrera, que sería protagonista de la resistencia a la ley y al modelo económico alfonsinista.

La respuesta del gobierno nacional generó inquietudes: El 30 de enero, se intervino dos sindicatos, Petroleros, comandado por Diego Ibáñez, y Empleados del Papel. La CGT se declaró en “alerta y movilización”. El caso alineó a todos los actores. Ibáñez fue uno de los acusados por el radicalismo de ser uno de los que buscaban el pacto de impunidad para los militares. Mientras Miguel pagó con su cargo –y el posterior ostracismo –el petrolero fue nombrado jefe de la bancada del peronismo en Diputados y desde allí enfrentó a la norma alfonsinista. Cerrando filas, el peronismo puso a Lorenzo Pepe como su principal espada contra la ley, y tuvo tal vez uno e los discursos más épicos de aquel tiempo. “Deseo aceptar con honestidad un desafío que los hombres del radicalismo han manifestado sotto voce y que considero legítimo: quedarse con una parte de la clase obrera argentina”, dijo. “Nos han dicho que van a discutir el peronismo palmo a palmo en las calles, las fábricas y las universidades. Lo considero legítimo porque constituiría un acto de sinceramiento ante el país. ¡Pero que no nos digan que la intención es democratizar al movimiento sindical!”, resaltó en la camada baja.  El peronismo mostraba los dientes, afilados por la unidad a la que lo empujó el proyecto.

Tratamiento

El 11 de febrero, como era previsible, la mayoría radical en Diputados aprobó la norma. La CGT movilizó a 10 mil personas frente al Congreso. Además, Ubaldini y varios dirigentes irrumpieron en la sesión, que debió ser suspendida. En su discurso, Pepe alertaba de las consecuencias que traería la pelea que se estaba dando. “Dígannos que vamos a confrontar ideologías para que el país en su conjunto determine su resultado. Dentro de veinticuatro meses el pueblo será convocado nuevamente y ahí podremos ver si los obreros de Avellaneda vuelven a repetir el voto radical”, recalcó en esa jornada. El 16 de ese mes, Alfonsín habló por primera vez desde los balcones de la Rosada, en defensa de la ley.

El 14 de marzo, un mes después de haber hecho la diferencia con su voto (y su modificación del texto) en la reforma del Código de Justicia Militar, el senador neuquino Elías Sapag volvió a desempatar en la votación en la cámara alta, y lo hizo en contra del proyecto oficialista. Nacido en el Líbano, el senador fue uno de los fundadores del Movimiento Popular Neuquino (MPN), pero que fue cercano al peronismo antes de la creación de este partido. De hecho, Sapag estuvo presente en una cumbre con Juan Domingo Perón con Agustín Lanusse, a quien el neuquino representaba en 1972. Su llagada a la presidencia del Senado fue un acuerdo de su hermano Felipe Sapag, gobernador de la provincia, y la Casa Rosada. Pero ese entendimiento no incluía la obligación del voto a favor de la propuesta nacional. “No fue solo un posicionamiento político coherente con las bases fundacionales del Movimiento Popular Neuquino. La provincia venía negociando inversiones postergadas que no se cumplieron”, recordó el periodista Rayén Guerrero Dewey. Los rumores de esos días indican que hubo un acuerdo con la CGT, que respaldó un supuesto crédito para construir el Barrio San Lorenzo.

Consecuencias

La derrota legislativa fue la primera del gobierno de Alfonsín, que a 100 días de asumir sintió el golpe. Por el fracaso, Mucci renunció, y lo reemplazó Juan Manuel Casella, un dirigente político de confianza del presidente. En una entrevista, recordó cómo Ubaldini utilizó esa victoria para reposicionar al movimiento obrero dentro del PJ. “El PJ venía de una derrota inesperada y muy dura, por lo tanto, el peronismo decidió iniciar una acción muy intensa para reubicarse internamente a través de la renovación que encabezaba Antonio Cafiero, y externamente a través de la CGT y sus paros”, afirmó Casella. El vínculo con el sindicalismo estaba roto, Casella no lo pudo recomponer, y lo sucedió rápidamente Hugo Barrionuevo. Tres ministros de Trabajo en diez meses de gestión daban cuenta de un desgaste enorme en esa área. En el medio, la gestión Casella consensuó con la CGT la Ley Electoral de Asociaciones Profesionales, que normalizaba a los gremios. Los propios sindicalistas iban a ser quienes nombraran a las Juntas Electorales, en comicios en los que podrían optar por el control del Ministerio de Trabajo o de la Justicia Electoral. 

El fracaso de un proyecto de ley derrotado por un voto, y en un tema tan sensible, marcó al gobierno radical. El Senado era un escollo insalvable y la victoria electoral de 1985 no dio nuevos bríos para reincidir con el proyecto. Las tensiones aminoraron entre marzo y septiembre de 1987, cuando el ministro de Trabajo fue Carlos Alderete, de Luz y Fuerza, en un intento por conciliar con el mundo gremial. Muchos analistas consideran que esa relación rota fue el caldo de cultivo de los 13 paros generales soportados por el gobierno, un relato que forjó el alfonsinismo para desentenderse del fracaso económico de su gestión. En su estudio Reorganización del Movimiento Obrero Sindicalizado en la posdictadura argentina: El caso de la Ley Mucci, el investigador Juan Pedro Massano expuso esta contradicción: “El diagnóstico sobre las corporaciones desestabilizadoras omite mención alguna a la corporación empresaria, entendida esta como un bloque único o fraccionado. Finalmente, al defender (en el pasado y hoy mismo como utopía fracasada) a la Ley Mucci como forma efectiva de democratizar los sindicatos esta tradición ignora(o guarda silencio sobre) tanto las condiciones concretas de aplicación de la ley (lo que aquí hemos llamado la ‘derrota’ del movimiento obrero), como también el marco legal sobre el que ésta se asienta”. Además, concluye que la iniciativa lejos de ser un intento de democratizar el sector fue “parte de la ofensiva de la reestructuración que se inicia en 1976”. Un intento que fracasó, robusteció al sindicalismo y desnudó el carácter antipopular del gobierno de la UCR.