En las distintas áreas de la municipalidad de Córdoba se estuvo discutiendo si aceptar o no la propuesta realizada por el intendente Llaryora a los trabajadores municipales. La votación de las reparticiones concluyó 198 a 61, expresando el rechazo de muchos sectores.

El 2020 para los trabajadores municipales estuvo plagado de ataques por parte de la gestión peronista de Martín Llaryora. Al descuento del 15% del salario a través del recorte de una hora de trabajo, se sumó la eliminación de varios ítems que completaban el salario de los empleados del SUOEM. Sumado a los recortes está la inflación por lo que la caída del poder adquisitivo de los municipales está casi en el 50% con respecto al año pasado.

Ante un ataque unificado del conjunto de las cámaras empresarias y los medios hegemónicos, que tienen una verdadera cruzada hacia los derechos conquistados por los trabajadores municipales, una parte importante de los empleados ven aceptable el acuerdo planteando que es un “empate de visitante” o "mejor pájaro en mano que cien volando". Sin embargo, la fuerza desplegada en las calles con movilizaciones multitudinarias, acciones cotidianas con cortes a lo largo y ancho de la ciudad demostró que había fuerza y que Llaryora estaba retrocediendo. Que era el momento de continuar con el plan de lucha para recuperar todo lo perdido.

El acuerdo incluye un 23,4% a pagar en noviembre (11%) y enero (el porcentaje restante) y empezaría a "blanquearse" a partir de febrero en tres cuotas y discutir nuevamente en mayo. Desde sectores de la conducción del SUOEM argumentan que este acuerdo es muy superior comparado con los estatales nacionales que les aumentaron un 7%, o los provinciales que tienen un aumento del 20%. Sin embargo, está lejos de lo que quería un importante sector de trabajadores, ya que el blanqueo del aumento no es inmediato y se termina de completar en mayo, algo que va a afectar de lleno a los jubilados.

Otro punto, totalmente ilegal, es que el medio aguinaldo de diciembre, se calcula hasta el mes de octubre, o sea que los aumentos de los últimos dos meses del año no entrarían en el cálculo de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario, algo insólito.

Un importante aspecto que no contempló el acuerdo es la reincorporación de los trabajadores becarios que estuvieron en la calle desde mayo, se movilizaron de manera permanente pero su reclamo jamás se incorporó en las exigencias del gremio.

La conducción del SUOEM presenta como una conquista el hecho de que se comience con la devolución del pago, a partir de febrero, en compensación de la “séptima hora” recortada mediante ordenanza en mayo del año pasado. También se abren las negociaciones para la apertura de otros procesos que quedaron suspendidos durante 2020, como el blanqueo de títulos y la carrera administrativa.

Los rechazos al acuerdo, se dieron en distintas áreas, y diversas, cómo por ejemplo Semáforos, Obras Civiles, Obras y Mantenimiento, Cementerio San Jerónimo, plantas externas. Hubo rechazo unánime en Control Integral y el cementerio San Vicente.

También fue rechazado en la Dirección de Deporte y en Espacios Verdes. Lo mismo sucedió en Alumbrado Público, el Hogar Padre Lamonaca y el Hospital Principe de Asturias.

Entre las reparticiones que aceptaron, se encuentran la mayoría de los CPC, y algunas de las dependencias ubicadas en el palacio municipal como Movilidad Urbana. También aceptaron Defensa Civil y la Policía de Tránsito.

En las escuelas la aceptación estuvo dividida, según fuentes, unas 20 escuelas habían aprobado y 17 rechazado. Cómo se ve, un importante sector de trabajadores mostró su descontento con el acuerdo y hay quejas de irregularidad en el conteo, pero lo que está claro es que había fuerzas para ir por mas y que la lucha de las bases municipales es nuevamente un ejemplo ante la abierta traición y entrega de otras cúpulas sindicales aliadas al PJ como Pihen, cómplices para que los costos de la crisis caigan en las espaldas de los trabajadores.

«¿Cómo se podía hacer para ir por más?»

Las y los trabajadores municipales han dado importantes peleas que les permitieron mantener conquistas a lo largo de décadas. Desde el 2018 el gobierno de Schiaretti en la provincia y ahora Llaryora en la ciudad, han decidido atacar lo que los empresarios llaman el "costo Córdoba", que no es otra cosa que esos derechos laborales en sindicatos como Luz y Fuerza, SUOEM, UTA, entro otros. Estos ataques frontales que comenzaron contra las y los trabajadores de EPEC hace más de dos años, que continuaron con el robo a los jubilados a principios de la cuarentena, tuvieron un nuevo capítulo con las y los municipales.

Esto es importante para reflejar que no son ataques aislados, forman parte de un plan del peronismo cordobés, pero las respuestas han sido divididas por parte de las conducciones gremiales. No sólo se podía ir por más en este caso ya que miles de trabajadores mostraron que querían seguir la pelea, sino porque nunca se buscó y exigió el apoyo de otros gremios.

El paro general provincial, al menos de la CGT Rodríguez Peña, la movilización conjunta en la calle, no sólo hubiese permitido un mejor acuerdo, sino que tenía que ser el primer paso para una lucha general en contra del ajuste que sufre el conjunto del pueblo trabajador. Pelear contra la tercerización y precarización en el estado, buscar la alianza con los desocupados y quienes pelean por tierra para vivir, la juventud precarizada que se viene manifestando con múltiples reclamos. Es decir, un movimiento general de lucha del pueblo trabajador para que la crisis la paguen los grandes empresarios, bancos y terratenientes. Una salida que se hace urgente cuando estamos viviendo otro saqueo de la mano del FMI.

Llaryora aumenta la persecución judicial para mostrarse fuerte

El ejecutivo municipal, con total apoyo de Schiaretti, lanzó desde principios de año un ataque contra los trabajadores que no fueron sólo al salario y derechos laborales, sino que incluyó una furiosa campaña mediática con inventos y calumnias permanentes, represión a la protesta, detenciones y judicialización de dirigentes y trabajadores. Sin ir más lejos, el día que se presenta el acuerdo detuvieron a cinco municipales acusados de golpear a un comerciante durante una protesta. Un hecho sin precedentes siendo que hay imágenes que demuestran que este comerciante atacó primero y de manera deliberada a trabajadores que se estaban manifestando.
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Este accionar represivo por parte de Llaryora y la justicia cordobesa va a tono con hechos gravísimos que se sucedieron durante toda la cuarentena con mayor persecución en los barrios populares, al menos 9 casos de gatillo fácil, desalojo de asentamientos y detención de la legisladora del FIT Soledad García.

Pero también es una medida demagógica hacia los sectores más conservadores de la sociedad. Mediante acciones represivas y autoritarias Llaryora busca cubrir que tuvo que ceder ante la fuerza de los trabajadores. Esa misma fuerza tiene que ponerse nuevamente en acción para que no queden estos antecedentes, exigiendo la inmediata libertad de los detenidos, terminar con los procesamientos y exigir la reincorporación de los cesanteados.