Los municipios ya sancionaron 120 ordenanzas de inclusión laboral para víctimas de trata

Los municipios ya sancionaron 120 ordenanzas de inclusión laboral para víctimas de trata

Un total de 120 ordenanzas, que establecen cupos de inclusión laboral para víctimas rescatadas del delito de trata o imponen la difusión obligatoria de la línea de denuncia 145, fueron sancionadas en poco más de un año por concejos deliberantes de municipios de todo el país, impulsadas por la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata.

El director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Victimas, Gustavo Vera, dijo a Télam que este hecho fue posible «porque el organismo tiene el objetivo de federalizar la lucha contra la trata de personas»

La articulación federal, impulsada por la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, logró el funcionamiento de 28 mesas interinstitucionales en todas las provincias de la Argentina y la sanción de leyes de inclusión laboral en provincias como Catamarca, Chaco y Salta.

Según la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, 45 municipios de 13 provincias sancionaron normas que fijan un cupo del 1 % de la planta municipal para favorecer la reinserción laboral de personas que fueron víctimas del delito de trata de personas.

En relación a este hecho, Vera remarcó que este año «se implementó un programa de capacitación para las personas de víctimas de trata en donde participaron más de 30 personas» y remarcó que el objetivo es que el programa «se expanda a todo el país».

En tanto, en 74 municipios de 16 provincias se sancionaron ordenanzas que establecen la difusión masiva en edificios públicos, sitios de alta concurrencia o transporte público de la línea nacional, anónima y gratuita 145 para denunciar situaciones de explotación sexual o laboral.

La provincia de Buenos Aires encabeza el ránking con 21 ordenanzas la mayoría sancionadas en municipios del interior de la misma. Luego siguen La Rioja (11), Santa Fe (6), Salta (5), Misiones (5) , Río Negro (4), Corrientes (4) , Jujuy (3), Chubut (2), Córdoba (2), San Luis (2) , Formosa (2) , Tucumán (1), Mendoza (1) y Catamarca (1).

En este sentido, Vera destacó que con la campaña llevada a cabo «el número de denuncias por situación de casos de explotación laboral y sexual se incrementó en todo el país. Algo que antes no ocurría».

Por su parte, enfatizó que la Dirección continúa en su iniciativa de reinsertar laboral y socialmente a las personas víctimas de explotación laboral y sexual a través de «programas de capacitaciones, la construcción de viviendas sociales, asistencia médica, el lanzamiento de proyectos de ley que permitan la inserción de víctimas de explotación laboral y sexual al mercado laboral brindando beneficios económicos a aquellas empresas que decidan contratarlos».

Por último, remarcó que, además del trabajo realizado, se busca que «las personas que pasaron por una situación de explotación no sean revictimizadas, con el fin de que no vuelvan a pasar por esta situación».

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