A través de un comunicado conjunto, ambas organizaciones señalaron que la decisión —enmarcada, según indicaron, en un contexto de ajuste— “constituye un ataque directo a la vida y a la dignidad de millones de personas que dependen de la salud pública”. En ese sentido, remarcaron que el acceso a los medicamentos “es un derecho y no un negocio”.

El Plan Remediar fue creado en 2002, en medio de una profunda crisis socioeconómica, con el objetivo de asegurar la provisión gratuita de fármacos esenciales a través de centros de atención primaria. Durante más de dos décadas, permitió la distribución de botiquines en todo el territorio nacional, beneficiando especialmente a personas sin cobertura de salud y generando, además, ahorro estatal mediante la compra centralizada.

Según advirtieron las centrales, el desfinanciamiento actual del programa ya genera consecuencias concretas: recortes en el vademécum, demoras en la entrega de insumos y la interrupción de tratamientos para enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y asma. Esta situación, sostienen, incrementa las internaciones evitables y traslada la demanda a hospitales públicos que ya se encuentran saturados.

“El cierre definitivo del Plan Remediar profundizaría la desigualdad y dejaría el derecho a la salud condicionado a la capacidad de pago”, alertaron. Asimismo, calificaron el recorte como una medida que excede el plano fiscal y lo definieron como “crueldad institucionalizada”.

Frente a este escenario, ambas CTA convocaron a gobernadores, legisladores, organizaciones sociales y gremiales a defender el acceso a los medicamentos y a visibilizar la situación en todo el país. También anunciaron el impulso de una campaña nacional en defensa del programa y exigieron la restitución urgente del presupuesto necesario para garantizar el derecho constitucional a la salud.

El documento lleva las firmas de Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, y Hugo Godoy, titular de la CTA Autónoma.