La medida, dispuesta a través del Decreto 396/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, anticipa una nueva tanda de despidos en el Estado.

Desde el Ejecutivo argumentan que la decisión apunta a “disminuir el sobredimensionamiento de la estructura estatal, mejorar su funcionamiento y reducir el gasto público”. Según un informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en 2010 los organismos descentralizados contaban con 35.481 agentes y en 2024 esa cifra trepó a 88.095, lo que consideran un “incremento sustancial”.

El decreto establece que el INPRES —organismo desconcentrado de la Secretaría de Obras Públicas— y el SEGEMAR —dependiente de la Secretaría de Minería— quedarán bajo una estructura común del Ministerio de Economía. “La fusión permitirá centralizar capacidades técnicas, aprovechar infraestructura existente y potenciar el desarrollo de conocimiento aplicado a los riesgos naturales”, justificaron desde la Casa Rosada.

Además, el INA dejará de tener autarquía y se integrará a la estructura de la Secretaría de Obras Públicas como una unidad organizativa. Según el decreto, esta decisión busca “promover la simplificación organizativa, una mayor eficiencia y un uso racional de los fondos públicos”.

Sin embargo, fuentes sindicales y especialistas del sector temen por el futuro del personal técnico y científico. Según pudo saber este medio, en los tres organismos hay preocupación por una inminente reducción de personal, ya que se menciona que las funciones de apoyo “serán cumplimentadas por las áreas con competencia en la materia del Ministerio de Economía”, lo que en los hechos implicaría la eliminación de varios puestos laborales.

“La continuidad de las funciones técnicas esenciales no está garantizada si no se mantiene el personal especializado que lleva décadas trabajando en estas instituciones”, advirtieron trabajadores del sector que prefirieron no dar su nombre por temor a represalias.

Organismos como el SEGEMAR y el INPRES tienen un rol estratégico en la prevención de desastres naturales, en la exploración geológica y minera, y en la producción de conocimiento científico para el desarrollo nacional. La reducción de su estructura y personal podría afectar seriamente la capacidad de respuesta ante emergencias sísmicas o hídricas, entre otras tareas clave.

Hasta el momento, el Gobierno no brindó precisiones sobre cuántos trabajadores serán afectados por esta reestructuración, pero en el contexto de los miles de despidos ya ejecutados en el Estado desde diciembre de 2023, la preocupación se intensifica. Los gremios estatales ya evalúan medidas ante una posible nueva ola de cesantías.