El relevamiento, denominado “Encuesta Deuda y Trabajo”, fue realizado entre febrero y marzo de 2026 junto con el Instituto Argentino de Estudios Técnicos, Económicos y Sociales, el Grupo de Investigación e Intervención Feminista de la Universidad de Buenos Aires y el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.

Según el informe, el 80% de las personas consultadas se encontraba endeudado. En el 33% de los casos, el dinero fue utilizado para cubrir alimentos, ropa y otros consumos básicos; el 27% lo destinó al alquiler y las expensas, y el 26% al pago de tarjetas de crédito.

El 37% de los encuestados aseguró que estaba atrasado en el cumplimiento de sus compromisos financieros. Dentro de ese grupo, uno de cada cuatro ya había recibido llamados o mensajes de gestores de cobranza.

La encuesta también mostró que el 49% de los trabajadores destinó la Bonificación Anual por Eficiencia al pago de deudas. De esta manera, un beneficio creado como reconocimiento económico terminó funcionando como un recurso para afrontar compromisos acumulados y gastos cotidianos.

El endeudamiento tuvo, además, consecuencias directas sobre la salud. El 65% señaló que su estado mental había empeorado durante el último año. Los síntomas más frecuentes fueron ansiedad, mencionada por el 55%; angustia, por el 45%; e insomnio, por el 35%.

También se registraron cuadros de irritabilidad, sensación de ahogo y taquicardia. El estudio remarcó que quienes tenían deudas eran, en gran medida, las mismas personas que manifestaban un deterioro de su bienestar emocional.

Las dificultades económicas llevaron a extender las jornadas laborales. El 68% de los varones afirmó que debió sumar horas de trabajo durante los últimos dos años. Entre las mujeres, el 36% indicó que necesitaba trabajar más tiempo, pero no había podido hacerlo.

El informe advirtió, además, sobre la desigual distribución de las tareas de cuidado. El 57% de las trabajadoras dedicaba más de cinco horas diarias al trabajo doméstico y reproductivo no remunerado, frente al 37% de los varones.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno también generó preocupación dentro del sector: el 59% consideró que su situación empeorará mucho y otro 15% estimó que empeorará en alguna medida.

Ante ese escenario, el 34% eligió la participación electoral como principal herramienta para defender sus derechos, el 32% mencionó la negociación sindical y el 22% se inclinó por la movilización y la protesta.

“Como sindicato creemos que conocer es una forma de organizar”, afirmó el secretario general de APSEE, Carlos Minucci.

El dirigente sostuvo que, cuando las preocupaciones individuales encuentran un espacio colectivo para expresarse, “se convierten en una herramienta para la defensa de derechos y para la construcción de respuestas comunes frente a los problemas que atraviesan a las trabajadoras y los trabajadores”.