La protesta tuvo como uno de sus ejes la reciente polémica por una licitación de la Secretaría General de la Presidencia para adquirir cerca de 29 toneladas de productos cárnicos y de pescadería destinados a abastecer durante seis meses tanto la Casa Rosada como la Residencia de Olivos. La contratación fue informada con un monto de referencia cercano a los $500 millones.

Las organizaciones cuestionaron ese gasto y lo contrastaron con los ingresos que reciben trabajadores de la economía popular y familias que dependen de políticas de asistencia. También hicieron referencia al programa Volver al Trabajo, cuya asignación se había mantenido en $78.000 mensuales. El Gobierno nacional informó oficialmente en abril que el programa llegó a su finalización después de dos años de vigencia y que su última cuota fue liquidada ese mes.

Durante la protesta, la CCC advirtió sobre el deterioro de la situación alimentaria en los barrios populares, reclamó mayores recursos para los comedores comunitarios y cuestionó la política social del Gobierno de Javier Milei. La organización sostuvo que el dinero destinado a contrataciones de la residencia presidencial podría utilizarse para reforzar la asistencia alimentaria y los ingresos de los sectores populares.

La convocatoria también incorporó los cuestionamientos por una licitación cercana a los $700 millones para tareas de mantenimiento, riego y espacios verdes de la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. Ese procedimiento se encuentra bajo análisis judicial a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano: el fiscal federal Ramiro González solicitó el expediente completo antes de resolver si corresponde avanzar con una investigación penal. Las irregularidades denunciadas, por lo tanto, no cuentan hasta el momento con una determinación judicial.

Las organizaciones también mencionaron las denuncias sobre un supuesto desvío de alimentos adquiridos con fondos públicos hacia un emprendimiento privado de catering. Esa hipótesis forma parte de una presentación judicial y tampoco ha sido acreditada por la Justicia.

Con ollas vacías como símbolo de la protesta, la UTEP, la CCC y las organizaciones participantes plantearon que continuarán movilizadas para reclamar políticas alimentarias, mejoras en los ingresos y medidas destinadas a los trabajadores desocupados, precarizados y de la economía popular.