La central obrera marchará el jueves 26 de noviembre frente a la Superintendencia de Servicios de Salud para reclamar una solución a la crisis financiera del sistema de salud sindical. Además, resolvió avanzar con ceses de actividades de dos o cuatro horas durante diciembre, acompañados de asambleas en los lugares de trabajo. Por el momento, quedó descartada la convocatoria a un paro general.
La Confederación General del Trabajo (CGT) definió un nuevo esquema de protestas contra el Gobierno nacional, con eje en la crítica situación financiera que atraviesan las obras sociales sindicales y el deterioro de sus recursos para garantizar las prestaciones médicas.
La decisión fue adoptada este jueves por la mesa chica de la central obrera, durante una reunión realizada en la sede del Sindicato del Seguro. Allí se resolvió convocar a una movilización para el próximo jueves 26 de noviembre frente a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), ubicada en Bartolomé Mitre al 400, en la Ciudad de Buenos Aires.
El reclamo apunta a obtener una respuesta urgente del Gobierno ante las dificultades económicas que enfrentan las entidades de salud vinculadas a los sindicatos. Desde la CGT advierten que los problemas de financiamiento provocan demoras en los pagos, interrupciones de prestaciones y mayores exigencias sobre los recursos de las organizaciones gremiales, que deben aportar fondos propios para sostener el funcionamiento de sus obras sociales.
La conducción sindical también cuestiona la falta de respuestas del ministro de Salud, Mario Lugones, con quien mantuvo tres reuniones reservadas en los últimos meses para intentar encontrar una salida a la crisis.
Uno de los principales puntos de conflicto es la distribución del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), integrado por aportes de trabajadores y empleadores y destinado, entre otras funciones, a financiar reintegros por prestaciones de alta complejidad y medicamentos de elevado costo.
Según estimaciones de fuentes sindicales citadas en la información, alrededor del 90% de los recursos de ese fondo se estaría destinando actualmente a prestaciones vinculadas con discapacidad. El gasto mensual rondaría los 160.000 millones de pesos, una situación que reduce considerablemente los fondos disponibles para compensar a las obras sociales por otros tratamientos y servicios de salud.
Frente a este escenario, la CGT reclama que los gastos correspondientes a transporte y educación de las personas con discapacidad sean afrontados por las áreas gubernamentales competentes y que esos recursos no recaigan sobre el Fondo Solidario de Redistribución.
Ceses de actividades y asambleas durante diciembre
Además de la movilización de noviembre, la conducción cegetista avanzó en la organización de una modalidad de protesta para mediados de diciembre. La iniciativa contempla ceses de actividades de dos o cuatro horas, acompañados por asambleas en los establecimientos laborales.
Desde la central aclararon que no se tratará de un paro general, sino de una medida parcial que permitirá visibilizar los reclamos sindicales sin que los trabajadores deban afrontar necesariamente la pérdida salarial de una jornada completa o del presentismo.
La decisión también expresa la posición de un sector de la conducción de la CGT, que considera que una nueva huelga general no modificaría la orientación de las políticas del presidente Javier Milei y podría terminar fortaleciendo el discurso confrontativo del Gobierno contra el movimiento sindical.
En ese sentido, la central resolvió postergar para 2027 la posibilidad de convocar a un quinto paro general contra la actual administración, aunque las diferencias internas persisten. Mientras algunos sectores reclaman medidas más contundentes, la conducción busca sostener un plan de lucha gradual que combine movilizaciones y acciones en los lugares de trabajo.
La CGT mantiene, además, la expectativa de que el Gobierno convoque a una instancia institucional de diálogo para abordar los reclamos sindicales. Sin embargo, la falta de avances en las conversaciones y el agravamiento de la situación económica de las obras sociales profundizan el escenario de confrontación.
Con la marcha del 26 de noviembre y los ceses de actividades previstos para diciembre, la central obrera buscará recuperar la iniciativa gremial y presionar al Ejecutivo para obtener respuestas sobre el financiamiento del sistema de salud sindical.


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