La Ley de Modernización Laboral N° 27.802, promulgada y publicada en el Boletín Oficial el pasado 6 de marzo de 2026, siguen sumando pronunciamientos en contra en los tribunales en una catarata que parece recién estar comenzando.

En esta oportunidad se trata del Tribunal del Trabajo Nº 2 de La Plata que declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Reforma que fija la fórmula de actualización de las indemnizaciones por despido.

En la causa Bruera, los jueces consideraron que «la tasa interés determinada por el art. 55 de la ley 27.802 (3% anual), que es un 50% inferior al que la Corte Suprema ha fijado en forma invariable durante las últimas cuatro décadas en juicios de distinta naturaleza, resultando incorrecto -y contrario al principio protectorio- establecer, en desmedro de los trabajadores -sujetos de preferente tutela constitucional- una tasa de interés más baja que la que rige para los restantes habitantes del país (arts. 14 bis y 16, C.N.)«.

El fallo es el sexto en el mismo sentido contra el Artículo 55 de la reforma, mientras que también ya se conoció uno que declaró la inconstitucionalidad del Artículo 56, que fija la chance de pagar las indemnizaciones en cuotas.

También un juzgado laboral dejó en suspenso en las últimas horas y a pedido de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) la aplicación de los artículos 79, 90 y 91 que marcaban el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

En todos los casos los jueces empiezan a marcar un clima de época en la que parece terminarse el temor a fallar contra la administración libertaria y abren la incógnita sobre el freno a varios otros puntos cuestionados por los diferentes actores del mundo del trabajo.