Entre marzo y julio del año pasado, en Panamá estallaron las protestas contra la aprobación de la Ley 462 (Caja del Seguro Social), la reactivación de la explotación minera y el acuerdo de entendimiento firmado con Estados Unidos. La respuesta del Estado fue inmediata y brutal, en especial contra el movimiento obrero.
El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) fue uno de los que más sufrieron la represalia persecutoria del presidente José Raúl Mulino.
Más de 600 detenciones, más de 100 personas judicializadas, más de 100 heridos o torturados, 25 allanamientos a locales del Suntracs o viviendas de dirigentes, 5 directivos con orden de captura, 3 casos de abuso sexual, 15 cuentas bancarias cerradas y una acción para disolver a la organización.
“Estamos sufriendo una persecución sostenida, sistemática y planificada por parte del gobierno de Mulino. Tenemos a compañeros en el exilio, como es el caso de Saul Méndez, otros asilados en embajadas, como ocurre con Erasmo Cerrud, y otros con medidas cautelares como Genaro López, Jaime Caballero y Marco Andrade”, explicó a La Rel, Yamir Córdoba, secretario general del Suntracs.
En una cárcel de máxima seguridad permanece el otro directivo Ariel Rodríguez, mientras que Abdiel Bethancourt, José Palacio, Kathia Caballero y María Isabel Cordero fueron excarcelados y serán procesados en libertad.
Panamá en lista de proscripción
El Índice Global de Derechos 2026 de la Confederación Sindical Internacional (CSI-ITUC) incluyó por primera vez a Panamá en la lista de las diez naciones donde los trabajadores más sufren la violación de sus derechos.
Asimismo, la OIT incluyó el país canalero en la lista de los 24 países a nivel mundial con mayores violaciones a la libertad sindical (convenio 87).
“Actualmente tenemos a más de 100 compañeros judicializados, incluyendo a 83 trabajadores que no tienen ningún cargo sindical. En todos estos casos están siendo víctimas de falsas acusaciones de atentar contra bienes del estado, de secuestro, extorsión, corrupción, desvío de fondos y hasta de blanqueo de capitales”, manifestó Córdoba.
Contra el Suntracs también hay una demanda de disolución presentada por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, por haberse desviado de los fines para los que fue constituido.
Un plan antisindical y antipopular
Además, después de firmar trece convenios colectivos con la Camara Panameña de la Construcción, por primera vez las autoridades del trabajo negaron la presencia del Suntracs en la nueva negociación.
“Todo es parte de un plan antisindical que también está en marcha contra otras organizaciones. Nos persiguen porque siempre hemos estado al lado del pueblo y de sus demandas, reclamando el respeto de los derechos de trabajadores y trabajadoras”, aseguró.
A pesar de las enormes dificultades, el dirigente sindical aseguró que el sindicato sigue gozando del respaldo de decenas de miles de afiliados.
“Vivimos un chantaje permanente y aberrante por parte de un gobierno de ultraderecha, que ha prometido aniquilar toda voz disidente. Sabemos que va a ser una lucha difícil, dura, pero no vamos a ceder, ni a dejar de perseguir nuestro objetivo que es tener un Panamá más justo y equitativo”, concluyó Córdoba.
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