La resolución fue adoptada por el Comité Ejecutivo que encabeza Claudio Tapia, luego de que un organismo del Gobierno impulsara una denuncia judicial contra autoridades de la casa madre del fútbol por presuntas irregularidades en retenciones impositivas y aportes a la seguridad social.

Desde la dirigencia interpretan la causa como un avance político sobre la conducción institucional. Marcelo Achile, presidente de Defensores de Belgrano, titular de la Primera Nacional y vocal del Comité Ejecutivo de la AFA, fue contundente: “Los compañeros tomaron la determinación de no jugar la fecha correspondiente al fin de semana del 6 de marzo dada la persecución discriminada, política y judicial contra el fútbol argentino y contra nuestros mayores dirigentes: el presidente, el tesorero y el secretario general”.

Y remarcó: “Estamos cansados de esta situación y vamos al paro en todas las categorías. Todas las categorías se van a adherir al paro”. Incluso confirmó que “las categorías juveniles, menores, infantiles también van a parar dada esta circunstancia que tiene el Poder Ejecutivo contra el fútbol argentino”.

Un paro sin antecedentes directos

A lo largo de la historia hubo interrupciones fuertes, como la huelga de futbolistas de 1948 por derechos laborales o el paro de 2017 impulsado por Futbolistas Argentinos Agremiados por deudas salariales que impedían el inicio de los torneos. Sin embargo, nunca se había registrado una paralización general como reacción directa a una denuncia judicial promovida desde el Estado contra la conducción de la AFA.

La diferencia central es que esta vez no se trata de un reclamo salarial ni de una crisis económica puntual en los clubes, sino de un posicionamiento institucional frente a una causa judicial en curso. Eso coloca al conflicto en un terreno político-institucional que tensiona la relación entre deporte y poder.

Impacto en miles de trabajadores

La medida impacta de lleno en miles de trabajadores: futbolistas profesionales y amateurs, cuerpos técnicos, árbitros, empleados administrativos, personal de seguridad, utileros, trabajadores de prensa y de la industria televisiva, además de toda la economía que gira alrededor de cada fecha.

“Esto es un embate, un atropello permanente, avasallar a las instituciones. Nos han querido obligar a cambiar nuestros estatutos para poder permitir la entrada de las Sociedades Anónimas Deportivas”, denunció Achile. Y fue más allá: “Sin ninguna duda, detrás de esto están las SAD. Los dirigentes necesitan capitales para sostener la parte social y deportiva de los clubes, pero las SAD tienen como objeto el lucro”.

También vinculó el conflicto con la disputa por los derechos de transmisión: “Hay también un tironeo con el grupo Clarín por la transmisión del fútbol. Haber terminado el contrato con el grupo TyC es algo inédito. Tomamos una decisión increíble que para nosotros es un gran desafío”.

Según explicó, la apuesta de la AFA es asumir mayor control sobre la comercialización: “Calculamos que vamos a tener la capacidad de poder generar una cantidad de espectadores que después eso nos retribuya económicamente. Es un gran compromiso nuestro mientras sufrimos los embates en los medios”.

Escenario abierto y presión internacional

Achile aseguró que “la FIFA y la Conmebol están al tanto de esta situación” y sostuvo que el presidente de la AFA “tiene funciones ejecutivas en ambos organismos y se ha manifestado varias veces con respecto al atropello que sufre el fútbol argentino”.

Mientras la causa judicial avanza, el calendario deportivo queda en suspenso y las negociaciones políticas aparecen como la única vía para descomprimir el conflicto. “No nos alcanza la plata. Vienen por el fútbol argentino”, cerró Achile.

El paro ya quedó marcado como un punto de quiebre: la primera paralización total del fútbol argentino como respuesta directa a una denuncia judicial impulsada desde el Gobierno, en un escenario que vuelve a exponer la tensión entre la política, el negocio y el deporte más popular del país.