De acuerdo con las organizaciones docentes, la pérdida del poder adquisitivo desde la asunción del gobierno de Javier Milei ronda el 50%. “Hoy los salarios docentes deberían aumentar alrededor de un 50% para equiparar la situación de noviembre de 2023”, señalaron desde el sector.

La ley fue aprobada por el Congreso, luego vetada por el Poder Ejecutivo y finalmente ratificada por ambas cámaras con los dos tercios de los votos. Sin embargo, a 146 días de su promulgación, los gremios sostienen que el Gobierno todavía no ejecutó los fondos previstos.

Incluso la Justicia intervino en el conflicto. A través de un fallo del juez federal Martín Cormick, se ordenó al Estado nacional cumplir de manera inmediata con el financiamiento establecido por la ley para las universidades públicas. Según denuncian los sindicatos, esa resolución judicial tampoco se implementó.

Mientras tanto, el Gobierno envió al Congreso un nuevo proyecto para modificar la norma vigente. La iniciativa propone reemplazar la recomposición salarial del 51% prevista en la ley por un incremento del 12,3% dividido en tres cuotas, la última a pagar en septiembre. Para los gremios, esa propuesta deja afuera la mayor parte de la deuda salarial acumulada durante 2024.

El deterioro de los ingresos se refleja en los salarios actuales del sistema universitario. Un docente con una dedicación de 10 horas semanales percibe alrededor de 250 mil pesos, mientras que uno con dedicación de 40 horas cobra cerca de un millón de pesos. El salario de referencia de un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva se ubica en 570.470 pesos a valores de enero de 2026, cuando con la ley plenamente aplicada debería alcanzar los 852.229 pesos.

Desde los gremios advierten que la situación empuja a muchos docentes al pluriempleo o incluso a buscar ingresos en plataformas de trabajo como Uber o Rappi para completar sus ingresos. Un profesor de historia de la Universidad Nacional de General Sarmiento describió el escenario en una entrevista televisiva: “Con estos salarios no podemos vivir, no llegamos al día 20, estamos endeudados y ya no tenemos gastos para recortar”.

La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, sostuvo que el conflicto podría escalar si no hay respuestas del Ejecutivo. “Las medidas de fuerza que comienzan hoy son contundentes e irán escalando a medida que avance el cuatrimestre si no hay respuesta del Gobierno nacional”, afirmó.

Y agregó: “El plan de lucha es inédito, porque la universidad pública nunca estuvo tan atacada. No está en riesgo solo un calendario académico, sino una institución que es un pilar de la democracia argentina”.