El ex líder sindical de la seccional platense de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Juan Pablo "Pata" Medina presentó el recurso de Casación Federal para que se deje sin efecto el arresto domiciliario que cursa desde el 27 de agosto, luego de que la Justicia Federal de La Plata revocara la excarcelación de la que gozaba a la espera del juicio oral acusado por presunta asociación ilícita y lavado de activos.

El abogado César Albarracín, defensor de Medina, sostuvo en su recurso que al exlíder sindicarl se le imponen condiciones únicas, que ninguna otra persona sometida a proceso en el país, tuvo que cumplir y consideró que se tratan de medidas "inconstitucionales" por lo que solicitó que se le revoque el arresto domiciliario.

Medina volvió a prisión luego de una movilización que encabezó junto a su hijo Cristian "Puly" Medina. La defensa sostiene que se trató de un encuentro político en el marco del desempeño del derecho de reunión. Pero el juez Alejandro Esmoris consideró que violó el requisito de no realizar actividad gremial impuesto como condición para dictar la excarcelación de padre e hijo.

Para el defensor Albarracín "no existe un solo fundamento que permita sostener que haya realizado alguna actividad gremial en la UOCRA Seccional La Plata o alguna otra seccional" y resaltó que "el Juez no ha explicado por qué razón o motivo fáctico o jurídico podría estimarse que Juan Pablo Medina haya efectivamente realizado alguna actividad ‘en’ la UOCRA". Sostiene además que la actividad se realizó fuera de los que fue una sede sindical que en la actualidad se encuentra sin actividad.

En otro pasaje del recurso, la defensa alega que "el periodista Daniel Santoro estuvo procesado por delitos cometidos en el marco de su ejercicio profesional, sin que a nadie se le ocurriera siquiera analizar la posibilidad de coartar su libertad de expresión mientras durase el proceso" y recordó el "caso de Mauricio Macri, que asumió el cargo de Presidente de la Nación estando procesado así como muchos otros casos análogos". Para la defensa "la razón es clara" ya que la "Constitución Nacional impide tratar como culpable a una persona que no fue condenada por sentencia firme dictada luego del debido proceso constitucional", no obstante "a Juan Pablo Medina se le aplicaron reglas diferentes y, ahora, se pretenden invocar esas mismas reglas en forma extensiva e irrazonable para reinstaurar una prisión preventiva absurda".

Tras hacer un análisis pormenorizado de la resolución del juez Esmoris la defensa concluyó que "se aplican a Juan Pablo Medina medidas insólitas que no se aplica a ningún procesado en la república porque la Constitución no lo permite" y recordaron que recordar que el extitular de la UOCRA local carece de antecedentes penales ya que los procesos penales "terminaron todos en absolución o sobreseimiento".

"Juan Pablo Medina tiene miles de seguidores, fruto de una actividad sindical desplegada durante décadas en defensa de los trabajadores, con conquistas que son únicas en la República Argentina. Esos seguidores existen y seguirán existiendo. La pretensión de impedir que sean visibles, prohibiendo por ejemplo que se junten, importa un avance irrazonable e injustificado sobre las libertades civiles. Toda medida restrictiva adoptada en el marco de un proceso penal debe ordenarse a la consecución de fines legítimos”, enfatizó la defensa.

Según el marco legal, la prisión preventiva actúa como presunta solución a un riesgo procesal (fuga del acusado o entorpecimiento probatorio) pero Albarracín, en este caso es una pena encubierta” que "tiende en realidad a satisfacer deseos externos al proceso, deseos de algunos sectores políticos, mediáticos o empresariales que -no se nos escapa- son los que han coactuado para llevar a Juan Pablo Medina a prisión (algunos planteando reclamos u opiniones legítimos, pero otros actuando directamente en forma delictiva)".