A través de un comunicado conjunto, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCo) y la Asociación del Personal Jerárquico (APJ) advirtieron que la situación actual de Canal 7 contrasta con su trayectoria histórica como medio público.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los salarios. Según las organizaciones gremiales, los trabajadores enfrentan una pérdida sostenida de poder adquisitivo, con remuneraciones que, en algunos casos, se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

Los sindicatos también denunciaron incumplimientos de los convenios colectivos de trabajo y una mayor carga laboral para el personal que continúa desempeñando sus funciones.

A esta situación se suma, de acuerdo con el comunicado, la reducción de la planta de trabajadores mediante retiros, que habría provocado la salida de personal con experiencia y conocimientos técnicos acumulados durante años.

Otro de los ejes del reclamo es la tercerización de contenidos. Las organizaciones cuestionaron el modelo utilizado durante las transmisiones del Mundial de Fútbol y sostuvieron que empresas externas aprovecharon recursos del canal para desarrollar producciones cuyos beneficios económicos no quedaron en la emisora pública.

Para los gremios, este esquema constituye una forma de semiprivatización que debilita la capacidad de producción propia y reduce el protagonismo de los trabajadores del canal.

También señalaron un deterioro de las instalaciones, el equipamiento técnico y la infraestructura, junto con la desaparición de producciones de ficción, entretenimiento cultural y coberturas periodísticas federales.

Las organizaciones advirtieron que esta reducción de contenidos afecta la función social de la televisión pública, históricamente vinculada con el acceso a la información, la difusión cultural y la representación de las distintas regiones del país.

En el comunicado también denunciaron situaciones de censura y restricciones a la participación de voces críticas del Gobierno. Se trata de señalamientos formulados por los sindicatos, que cuestionan la orientación editorial adoptada por la actual conducción.

Las críticas se producen mientras la intervención prepara un relanzamiento de la programación y una modificación de la identidad visual de la emisora.

Los gremios rechazaron especialmente el cambio del logotipo que incorpora la bandera argentina por una propuesta de tonalidades violetas, colores que vincularon con la identidad política del oficialismo.

La conmemoración tiene un significado particular: el 17 de octubre de 1951 se realizó la primera transmisión de televisión en la Argentina, que dio origen a Canal 7. A lo largo de su historia, la emisora fue protagonista de distintas transformaciones tecnológicas, entre ellas la incorporación de la televisión en color y la transmisión digital.

Sin embargo, los sindicatos consideran que el aniversario encuentra al canal atravesado por una crisis que compromete tanto las condiciones de trabajo como su misión de servicio público.

“Para nosotros esto no es una fiesta”, expresaron las organizaciones, que reivindicaron el papel de los trabajadores en la continuidad de la emisora durante sus 75 años de existencia.

Los gremios remarcaron que continuarán reclamando salarios dignos, respeto por los convenios colectivos, recuperación de la producción propia y una programación que garantice pluralidad informativa y representación federal.

“La TV Pública no le pertenece a un gobierno o a un sector político sino a todos los argentinos”, afirmaron.

El pronunciamiento concluyó con una consigna que sintetiza la posición de las organizaciones sindicales frente al aniversario y al futuro del canal: “Sin trabajadores no hay medios públicos. Y sin medios públicos no hay democracia”.