La empresa SP se encuentra en convocatoria de acreedores desde noviembre del año pasado y esta última tanda de suspensiones abarca a la mitad de su planta de personal, que llega en total a 520 sumando a las bases que operan en la cuenca del Golfo San Jorge (sur de Chubut y norte de Santa Cruz) y los operarios de Neuquén, motivo por el cual desde el sindicato advierten “la grave situación que alcanza a la mitad de los trabajadores”.

De los 254 trabajadores que recibieron el telegrama de suspensión en esta última tanda, 110 son convencionales, es decir trabajadores de base que operan en Comodoro Rivadavia y 144 está enrolado en el sindicato de “Personal Jerárquico” que se reparte entre Chubut y Santa Cruz.

“El miércoles primero de marzo (hoy) vamos a ir a una audiencia en la que exigiremos al ministerio de trabajo de la nación que aplique la resolución 365, se retrotraigan las suspensiones y que YPF asuma la responsabilidad de la desinversión” describió a Télam el vocero del gremio, Carlos Gómez..

Los dirigentes sindicales cuestionan más a las petroleras que a las empresas de servicios porque consideran que las operadoras tienen más “espalda financiera” para soportar el peso de la crisis y no las compañías que brindan logística que tienen poco margen para sostener a los 1.300 trabajadores “sobrantes” de la actividad producto de la caída del precio internacional del petróleo y la desinversión.

En el caso de SP las críticas apuntan directamente contra YPF porque -siempre según el gremio- esa firma es un “satélite” de la petrolera estatal que comenzó a tener mucho trabajo a partir del 2012 cuando la compañía se re estatizó, llegando a contar con 26 equipos y 1.100 trabajadores cuando en la actualidad están operables entre 6 y 7 equipos de perforación y la mitad de operarios.

Desde el sindicato chubutense sin embargo no alientan medidas de fuerza y respetan la mesa de concertación que se conformó entre el ministerio de energía de la nación que lidera Juan José Aranguren, los sindicatos del sector y las autoridades provinciales para monitorear la marcha de la crisis en encuentros semanales que a nivel local son conocidos como la “reunión de los jueves”.

El temor es que no solo SP está en esta situación terminal y de franco retroceso: recelan que la misma suerte corran otras compañías como San Antonio Internacional, LASA SRL y la firma OIL, en convocatoria de acreedores y con muchas dificultades en la sección refinería.

El gobierno del Chubut se comprometió en el conflicto y en ese marco el gobernador Mario Das Neves nominó al ministro coordinador de gabinete, Alberto Gilardino, para tratar en persona la situación de SP.

Tras la crisis que se produjo la semana pasada con 24 trabajadores de esa empresa que bloquearon la playa de almacenamiento de combustibles de YPF y provocaron un desabastecimiento de naftas en la región, Gilardino admitió a medios locales que “todo indica que SP está en franco retroceso”.

Sobre el caso puntual de los 24 trabajadores que habían llegado a un acuerdo de desvinculación pero que nunca les pagaron, mañana se realizará una reunión convocada por la justicia laboral con sede en la ciudad autónoma de Buenos Aires.

“Ahí vamos a estar, con los sindicatos y el síndico que entiende en la convocatoria de acreedores para intentar encontrarle una solución al conflicto” dijo a Télam el secretario de trabajo del Chubut, Marcial Paz.