Por Ricardo Carpena

La CGT decidió finalmente postergar el debate sobre los próximos pasos de su ofensiva contra Javier Milei y priorizará esta semana la presión sobre los diputados para frenar distintos artículos de la ley ómnibus que causan preocupación en el sindicalismo, como las facultades delegadas, el agravamiento de las sanciones contra las protestas sociales y la privatización de las empresas públicas.

“Ahora estamos concentrados en hablar con los diputados para garantizar que no se aprueben algunos puntos, aunque admitimos que esta es una versión muy limitada de la ley respecto del texto original del Gobierno”, afirmó a Infobae un integrante de la cúpula cegetista, que también anticipó: “Lo más probable es que nos reunamos la semana que viene para definir cómo seguirá el plan de lucha”.

El lobby sindical será determinante para revisar algunos artículos en medio de una semana decisiva para la suerte de la Ley Ómnibus: este martes habrá reunión de labor parlamentaria en la Cámara de Diputados y para el miércoles está prevista la sesión para debatir la iniciativa que quiere Milei.

Como anticipó este medio, de los 664 artículos que originalmente tenía la ley ómnibus que el Poder Ejecutivo envió a fines de diciembre al Congreso, quedaron finalmente 386. Además de eliminar las decenas de artículos que tenían que ver con las cuestiones económicas -moratoria, aumentos de impuestos, retenciones, reforma previsional- y electorales, el Gobierno también hizo cambios clave en el articulado sobre temas específicos que pidieron los bloques legislativos dialoguistas, como modificaciones en las facultades delegadas y en los biocombustibles, además de un pulido del articulado referido a los controles a los piquetes y en el ítem que contempla el cierre del INADI.

Para la CGT, las concesiones de Milei en la Ley Ómnibus responden al “éxito” del paro con movilización del miércoles pasado que, a juicio de sus dirigentes, potenció el clima adverso en distintos sectores de la sociedad hacia los cambios propuestos por el oficialismo a través del DNU 70 y la ley. En el grupo de WhatsApp de la cúpula de la CGT incluso hay dirigentes que atribuyen a la medida de fuerza la decisión presidencial de haberlo echado a Guillermo Ferraro del Ministerio de Infraestructura.

La CGT también interpreta como un triunfo propio las modificaciones en la normativa que impulsa el Gobierno porque implican la eliminación del Impuesto a las Ganancias, uno de sus clásicos reclamos que llevó adelante Sergio Massa y que, si se aprobaba, hubiera implicado que 800 mil trabajadores volvieran a pagarlo.

Tras el paro con movilización, la cúpula cegetista deberá definir la estrategia que desplegará ante el Gobierno, pero está condicionada por una fuerte división interna. Los dialoguistas quieren dar señales de abrir una instancia de conversación, aprovechando que Milei ya dio marcha atrás con la Ley Ómnibus, pero los duros, aliados al kirchnerismo, a las dos CTA y a los piqueteros combativos, prefieren profundizar el plan de lucha: ya se habla de un paro general de 24 horas para marzo.

Las diferencias internas motivaron que se postergara una reunión de la cúpula de la CGT: ahora se desliza que recién la semana que viene podría deliberar la mesa chica cegetista para tratar de definir la continuidad del plan de lucha que comenzó el 27 de diciembre con una movilización ante el Palacio de Tribunales para acompañar la impugnación judicial del DNU 70, que incluye la reforma laboral, y siguió el miércoles pasado con el paro de 12 horas con movilización hacia el Congreso de la Nación.

Javier Milei aceptó cambios en la ley ómnibus y la CGT lo atribuye al paro de la semana pasada (Foto EFE)

Más allá de la euforia contenida por la movilización masiva, la dirigencia de la CGT hizo circular una encuesta realizada por Zuban Córdoba, sobre la base de 1.500 personas consultadas en todo el país, en la que figura que sólo un 34% de la gente está de acuerdo con la idea de aprobar sin más trámite el contenido de la ley ómnibus, pero si se suma el 17,5% de quienes afirman que diputados y senadores deberían ponerle límites a Milei con el 46,7% de quienes piden rechazar la ley, según el relevamiento existe mas de un 64% de personas que hoy tienen un perfil opuesto a la aprobación de la norma.

De acuerdo con el sondeo, Milei tiene un 55% de imagen positiva y un 44,3% de negativa, mientras que la CGT tiene un 57% de negativa y un 39,6% de positiva. Si estos números no dejan margen para el festejo sindical, hay otro dato que salpica a la dirigencia cegetista que apoyó al gobierno anterior sin haber hecho ni un solo paro general: casi la mitad de los consultados, un 45,9%, opina que la mala situación económica actual es responsabilidad de Alberto Fernández y de Sergio Massa.