“Estamos tranquilos, no está todo tan definido como algunos quieren hacer ver”, aseguró a la Agencia Noticias Argentinas uno de los principales dirigentes de la central obrera minutos después de la conferencia de prensa en la sede de Azopardo, donde se confirmó la marcha al Congreso sin paro general.

La conducción sindical, con predominio de sectores dialoguistas, define el escenario como “una larga guerra de varias batallas”. El paro general no está descartado, pero sería utilizado en el momento político que consideren más eficaz. Mientras tanto, el objetivo inmediato es desgastar el proyecto en el tratamiento legislativo.

En la central creen que varios legisladores con vínculos con la Casa Rosada podrían votar la reforma en general, pero no acompañar artículos específicos cuestionados por los gremios. Por eso la estrategia será discutir “artículo por artículo” para eliminar o modificar los puntos más sensibles.

Entre las principales objeciones figura la ampliación de las actividades consideradas esenciales —lo que obligaría a garantizar servicios mínimos en huelgas y reduciría el impacto de las medidas de fuerza—, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos que podría derivar en negociaciones por empresa, y cambios en la llamada cuota solidaria que aportan trabajadores no afiliados. También genera fuerte rechazo el Fondo de Asignación Laboral (FAL), pensado como reemplazo del sistema actual de indemnizaciones.

En paralelo, la CGT ya anticipa que recurrirá a los tribunales laborales contra la eventual ley. La apuesta no es casual: la Justicia del Trabajo ya había suspendido el capítulo laboral del mega DNU del presidente Javier Milei tras una presentación de la propia central obrera.

Sin embargo, dentro del propio sindicalismo advierten que el camino judicial no será sencillo. “No va a ser tan fácil como el Mega DNU”, reconoció un dirigente cegetista especializado en temas legales.

El plan sindical combina así presión política, negociación parlamentaria y litigio judicial. En Azopardo entienden que el resultado no se definirá en una sola votación, sino en un proceso prolongado que puede extenderse varios meses y que, aseguran, tendrá impacto directo en derechos laborales, negociación colectiva y capacidad de huelga de los trabajadores.