La ley que se aprobó ayer prevé nuevos tributos al juego como paliativo por la menor recaudación del impuesto a las ganancias. Tanto los operadores del sector como algunos miembros de la mesa chica del Gobierno comenzaron a vislumbrar conflictos jurídicos, económicos y laborales en el corto plazo.

La nueva ley de ganancias plantea un impuesto del 0,75% en las tragamonedas "sobre el valor de cada apuesta" como un nuevo tributo nacional coparticipable. Por otro lado estipula una alícuota de un 2% sobre las apuestas online. Además prevé que la explotación de juegos de azar tributará un 41,50% de impuesto a las ganancias.

Desde lo jurídico, en el Gobierno se preguntaban cómo harán para implementar un impuesto nacional a una actividad de competencia provincial y local. De hecho, este año Mauricio Macri terminó de saldar el eterno conflicto de jurisdicción de las máquinas tragamonedas del hipódromo de Palermo y de los casinos de Puerto Madero, con el definitivo traspaso de Nación a Ciudad.

Entre los empresarios del juego circuló en las últimas horas un informe encargado al estudio Bulit Goñi & Tarsitano, que hizo un análisis jurídico de la nueva ley. "El impuesto sobre apuestas estaría en pugna con el régimen de coparticipación federal y con los principios constitucionales que lo respaldan", manifiesta el escrito.

Si bien la cámara del juego aún no definió su estrategia, desde el Gobierno no descartaban que el asunto termine judicializado. "Es probable que los operadores busquen una cautelar, como siempre lo hicieron, porque esto les genera un perjuicio demasiado grande", manifestó una fuente oficial de trato asiduo con el sector lúdico.

Desde la industria del juego ya levantaron la alerta por posibles cierres de salas y despidos. "Plantear un impuesto a las ganancias del 41,5% es, directamente, confiscatorio, toda la industria está en riesgo", se quejaban. En esto, tanto los empresarios como los trabajadores actuaron en tándem. Tal como reveló LA NACION días atrás, los grandes empresarios del juego porteño le dieron luz verde al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (Aleara) para que tomaran medidas de fuerza, como la de ayer con el corte sobre Avenida del Libertador por el temor a despidos masivos.

"La gran mayoría del sector no va a resistir. No se descartan despidos porque toda la actividad está en peligro", manifestaron desde la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (Cascba).

Otra gris lo presenta el nuevo impuesto al juego online. "Están gravando algo que no está regulado, ¿a quién le van a ir a cobrar?", se preguntaba ayer un funcionario. De todos modos, la ley dice que "serán sujetos del gravamen quienes efectúen las apuestas". La clave de todo estará en la letra chica de la reglamentación de la nueva norma.