El fallo, dictado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de San Martín, también alcanza a otros dos dirigentes de su entorno: Julio César Núñez, apoderado legal de UPSAP, y Juan Marcelo Soria, inspector de fiscalización. A los tres se les impuso una medida de coerción sin prisión preventiva, pero con un dato clave: embargos por 250 millones de pesos a cada uno, lo que refleja la magnitud económica del presunto daño investigado.

Una causa que nace de un certificado sindical presuntamente falso

Según surge del expediente, la denuncia fue impulsada por Secar Security Argentina S.A. (ex Securitas), que acusó a la conducción de UPSAP de haber emitido un certificado de deuda sindical ideológicamente falso, utilizado luego para inducir a error a la Justicia Federal y obtener una medida cautelar millonaria.

El certificado cuestionado habría permitido el embargo de cuentas bancarias de la empresa por más de 720 millones de pesos, bajo el argumento de una supuesta deuda por aportes sindicales correspondientes a 234 trabajadores, entre los años 2018 y 2022.

La empresa denunciante sostiene que la deuda no existía, que se alteraron listados de empleados, y que incluso se incluyeron personas que no pertenecían a la firma.

La gravedad institucional del caso radica en que, por ley, los certificados sindicales gozan de presunción de legitimidad, lo que —según la denuncia— habría sido utilizado como herramienta para consumar la estafa procesal.

Procesamiento firme y embargos millonarios

En su resolución, el juez consideró acreditados, en esta etapa del proceso, los elementos suficientes para procesar a los imputados como coautores de los delitos investigados, destacando:

La emisión y utilización de documentación presuntamente falsa

El perjuicio patrimonial generado

El uso del aparato sindical como vehículo de la maniobra

Aunque el magistrado descartó el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, ordenó embargos por 250 millones de pesos para cada imputado, con el objetivo de garantizar eventuales penas pecuniarias, indemnizaciones civiles y costas judiciales.

El impacto en FATRASEP y en los gremios que la integran

El procesamiento de Gutiérrez no ocurre en un vacío. Hace apenas semanas, el dirigente había anunciado públicamente la creación y lanzamiento de FATRASEP, una nueva federación nacional de seguridad privada, integrada —entre otros— por los gremios: SIVISEP, SUVICO ,UPSAP, SUTCAPRA, UESEVI, UTSVIRL, SUTRAVIP

La federación fue presentada como un hito histórico para el sector, con actos, comunicados y fuerte despliegue en redes sociales.

Sin embargo, la causa judicial ahora pone en jaque la credibilidad institucional de FATRASEP y de los sindicatos que la componen, abriendo interrogantes sobre los mecanismos de representación, fiscalización y transparencia dentro del sector de la seguridad privada.

Antecedentes en Santa Cruz: un recorrido marcado por la polémica

El procesamiento federal se suma a otros antecedentes públicos en la trayectoria de Julio Norberto Gutiérrez.

Antes de su rol sindical nacional, fue ministro de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, cargo del que salió envuelto en fuertes controversias políticas.

A fines de 2024, medios provinciales y nacionales informaron sobre un allanamiento en una vivienda vinculada a Gutiérrez en Río Gallegos, en el marco de un episodio policial que derivó en el hallazgo de armas de fuego, incluidas armas largas.

El hecho generó un escándalo político en la provincia y derivó en su salida del Ministerio de Trabajo, profundizando tensiones internas en el gobierno santacruceño.

Si bien no existió una condena penal firme en ese episodio, la cobertura mediática y el impacto institucional del caso marcaron un quiebre en su carrera política, dejando antecedentes que hoy vuelven a ser mencionados a la luz del nuevo procesamiento federal.

Derrotas electorales, UPSRA y vínculos políticos

Gutiérrez también fue candidato en la interna de UPSRA, el histórico sindicato de la seguridad privada a nivel nacional, donde resultó derrotado. Tras esa caída, profundizó su armado propio en la Patagonia y luego avanzó con la creación de FATRASEP.

En el plano político, mantiene vínculos con sectores del oficialismo, y su nombre ha sido mencionado en relación con Julio Cordero, actual ministro de Trabajo de la Nación, lo que añade un componente político sensible a una causa que ya trascendió lo estrictamente judicial.

Una causa que excede lo penal

El expediente que tramita en la Justicia Federal de San Martín no sólo investiga delitos económicos, sino que expone un problema más profundo:

el uso de estructuras sindicales, la manipulación de instrumentos legales sensibles y el impacto directo sobre empresas, trabajadores y el sistema de seguridad privada.

Con tres dirigentes procesados, embargos millonarios y una federación recién nacida bajo cuestionamiento, el caso promete nuevos capítulos judiciales y políticos, en un sector históricamente atravesado por disputas de poder, denuncias cruzadas y fuertes intereses económicos.