Rodríguez Larreta profundiza perfil «antisindical» para posicionarse en la interna del PRO

Rodríguez Larreta profundiza perfil «antisindical» para posicionarse en la interna del PRO

Juicio contra un dirigente docente y postura intransigente ante la enfermería de la gestión porteña, los claros ejemplos.

Este jueves, se realizó la primera audiencia en el juicio que lleva adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra un dirigente gremial docente. El caso genera alarma, ya que no es aislado y parece ser una tendencia que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta profundiza a medida que se acercan las definiciones electorales.

Este perfil del alcalde de CABA está relacionado a su posicionamiento dentro de la interna del PRO, donde compite con el ala dura que encabeza la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El avance contra la dirigencia docente se suma a la intransigencia para reconocer al sector enfermería y la decisión de recortar centenar de contratos en el sistema sanitarios, medidas que generan malestar entre los trabajadores. Además, los dirigentes aseguran que esta actitud también está pensada por el avance de la ultraderecha, representada por el diputado nacional Javier Milei.

Las posturas en este sentido de Rodríguez Larreta y su gestión fueron creciendo en los últimos tiempos, y tiene en el juicio contra Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys, como uno de sus puntos altos.

Este jueves, se realizó la primera audiencia del intento de desafuero contra el dirigente, por una protesta en un colegio de Villa Soldati en septiembre pasado, cuando se increpó a un funcionario por las políticas educativas. En ese momento, se suspendió por 30 días a Adaro, y ahora busca dejarlo sin protección sindical.

Antes de la audiencia, hubo una conferencia de prensa, donde el gremio y diversas organizaciones gremiales y sociales respaldaron al dirigente. «Fortalecidos por el apoyo expresado a través de miles de firmas y campaña de fotos de trabajadores, organizaciones sindicales, políticas y de Derechos Humanos de todo el país y del extranjero», recalcaron.

«La primera audiencia que tuvimos era más o menos lo previsto, una formalidad, pero el juzgado aceptó todos los pedidos de prueba pedidos por nuestra defensa, lo que es bueno», explicó Adaro a la salida del tribunal. En diálogo con Gestión Sindical, el dirigente confirmó que la segunda audiencia será el 9 de febrero, donde «comenzarán a declarar los testigos proporcionados por nosotros».

Sobre la causa, insistió que se trata de un ataque «a la libertad sindical» y responsabilizó al jefe de Gobierno y a su ministra de Educación, Soledad Acuña: «Entendemos que este gobierno, el PRO y Juntos por el Cambio tienen un claro perfil ‘antiobrero’ y ‘antisindical’, lo vienen demostrando hace tiempo».

Efecto Milei

No es casual que la dirigencia docente sea una de las principales víctimas de este accionar. Como se sabe, Acuña es una de las candidatas a suceder a Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, por eso en este tiempo también aumentó su presión contra los gremios, en el marco de una pelea que comenzó por la apertura de las escuelas en la pandemia.

Para Adaro, que conoce en carne propia esta actitud, además de la interna, hay un componente externo que condicional: la figura de Javier Milei. «En la permanente campaña electoral de Acuña, se muestra agresiva con los trabajadores, los docentes y los gremios para contener un sector reaccionario que de a poco se están yendo con Milei«, aseguró el dirigente.

En este sentido, desde Ademys recordaron que esta tendencia puede verse claramente en el ataque a su adjunto, con una «verdadera aberración jurídica, política y gremial», medida que además de «atentar contra la libertad sindical, pretende imponer una sanción que sea ejemplificadora y disciplinadora para todos y todas las que luchamos y nos organizamos por nuestros derechos y en defensa de la educación pública».

En esta carrera, Acuña acaba de recibir un duro revés. Es que la ministra fue embargada por 45 mil pesos y otra suma de 450 mil, que se encuentra en revisión, por incumplir un pedido de información pública sobre vacantes de una escuela del barrio porteño de Saavedra.

«De acuerdo a la ley 104, de acceso a la información pública, solicité información en el año 2018 sobre la escuela Naranjo en Flor, en particular, sobre la capacidad de aulas, la cantidad de niños que habían elegido esa institución para ingresar», informó el abogado Eduardo Daniel Barreyro.

Protesta de enfermería

Otro sector que sufre el perfil «antisindical» de la gestión porteña es el sanitario. En la pandemia se multiplicaron los reclamos de los trabajadores del sistema de salud, por las políticas de Rodríguez Larreta y su ministro Fernán Quirós.

Curiosamente, o no, el funcionario es como Acuña uno de los candidatos a suceder al actual jefe de gobierno, e incluso se lanzó recientemente. Su gestión está marcada por la lucha contra el coronavirus, y los enfrentamientos con los gremios.

«Es una vergüenza que quieran hacer de esa gestión una plataforma electoral», le dijo a Gestión Sindical un dirigente que conoce el sistema de salud, en especial los hospitales. Las denuncias que hacen gremios como ATE es que en este tiempo faltan insumos, personal, los salarios son cada vez más bajos y la presión es constante.

Como ejemplo, este dirigente recordó que el delegado Héctor Ortiz, referente de la agrupación ATE Hospitales, fue cesanteado bajo un artilugio que buscó terminar con sus fueros sindicales, pero la justicia hizo retroceder este ataque.

Ahora, la gestión de Quirós podría dejar fuera del sistema a unos 500 contratados, entre ellos técnicos, administrativos y profesionales, que fueron incorporados para la pandemia. Algo así sucedió en 2021, con 3 mil enfermeros. El malestar hizo que esta semana la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) realizara un paro de 48 horas, para pedir mejoras salariales y el histórico reconocimiento profesional.

«La enfermería quedó rezagada salarialmente en un 70 u 80 por ciento respecto a los sueldos del resto del equipo de salud. Esta situación que nos ubica por debajo de la canasta pobreza es inaguantable, injusta y de una violencia laboral contra el enorme colectivo de enfermería», dijo la entidad.

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