Las tensiones con el sindicalismo rebelde, profundizadas tras la masiva movilización que encabezó el gremio de Camioneros el último miércoles, motivaron que en los celulares de funcionarios del Gobierno se agolparan archivos con papers elaborados internamente, en los que prevalecen reflexiones acerca del impacto de la "marcha de Moyano", sondeos sobre la repercusión de los últimos aumentos de tarifas y punteos breves acerca de cómo avanzan las paritarias sector por sector y provincia por provincia.

En ese último punto, decisivo ante la proximidad de marzo, hay visiones diferentes. Desde lo comunicacional, se transmite que gremios fuertes, como Obras Sanitarias, se amoldaron al 15% de meta de inflación y cerraron una cláusula de revisión a nueve meses, o que Tintoreros y Remiseros también cerraron en ese porcentaje, en dos tramos. La denominada "clásula embarazo" es la que esperan promover en la mayoría de las negociaciones, aunque hay quienes que creen que, en algunos casos, será muy difícil no repetir el sistema de "cláusula gatillo", de aplicación inmediata ante el primer desfasaje de la inflación, y sistema que imperó durante 2017.

Las paritarias docentes, como en la provincia de Buenos Aires, generan esa duda todavía. La orden que impartió el presidente Mauricio Macri le llegó también a la gobernadora María Eugenia Vidal, que se mantiene inflexible, tras dos ofrecimientos en los que no incluyó ninguna de esas cláusulas. Pero en el Ejecutivo nacional hay quienes creen que a medida que pase el tiempo, y si las clases no arrancan, pueden tener que torcer el brazo y negociarlas.

"Nosotros oficialmente no la podemos promover porque arrancas con desventaja en la negociación", sostienen en Balcarce 50. El año pasado fuimos nosotros los que impulsamos esta cláusula en el conflicto de Vidal con (Roberto) Baradel".

En la comparación con las paritarias 2017, sin embargo, siguen creyendo que la actual será menos compleja de resolver. "Muchos de los gremios que no se sumaron a la marcha de Moyano, superan a Camioneros en el número de trabajadores que tienen", sostienen, y ponen como ejemplos a Construcción, Comercio, Gastronómicos, Metalúrgicos, Sanidad y UPCN. En un listado que tienen en Gobierno, el sindicato de Moyano aparece séptimo entre los que más adherentes tienen. Los seis anteriores no fueron a la movilización. Fuentes ejecutivas añaden, además, que "es una señal que salieran a despegarse de Moyano; nadie los obligó".

En el resto de las provincias, las expectativas oficiales son mejores, ya que argumentan que los gobiernos deberán respetar el pacto fiscal firmado. Ayer, Paulino Caballero, subsecretario de Relaciones con las Provincias, habló de la situación de las paritarias con la radio 88.1 de Formosa. "Hay muchas provincias que están endeudadas y no podrán dar aumentos superiores al 5% o 7%, aunque no es el caso de Formosa, que no tiene deudas", dijo.