"Esas normas que procura sancionar el Poder Ejecutivo atentan contra 41 años de laboriosos esfuerzos por dar vida en lo cotidiano a un sistema político que contiene y organiza y que la sociedad respeta y defiende", sostuvo el Sadop en un comunicado.

La conducción sindical participó ayer en el Parlamento en el Encuentro por la Educación, que se realizó con el bloque de legisladores nacionales de Unión por la Patria (UXP).

Un documento sostuvo que el gremio representa a los trabajadores de la educación privada, que son el 35 por ciento del sistema educativo argentino, y "se expresa en docentes, alumnos e instituciones educativas de todos los niveles de enseñanza".

"Esa representación compromete a la defensa de los derechos laborales y personales del sector de gestión privada y de la totalidad de la docencia, en particular de las mujeres de la actividad, que constituyen casi el 80 por ciento del personal activo", puntualizó.

También enfatizó que las iniciativas del Gobierno "son inconstitucionales y detractoras del proyecto político-educativo que es necesario que continúe vigente, en tanto se extralimitan en sus atribuciones con prepotencia y esconden una supuesta emergencia nacional y un salvaje recorte de derechos sin precedentes en la Argentina", dijo Jaureguiberry.

El Sadop ratificó su "desacuerdo" con las reformas promovidas para el sector educativo en el contexto de "un escenario amenazante", y señaló que "las propuestas de sustitución e incorporación de artículos de la LEN, LFE, LES y LCE se enmarcan en un modelo de país que se ubica en las antípodas de los principios y valores del movimiento de los trabajadores, por lo que la crítica es general a la idea y al proyecto de ley" respectivo.

"Su naturaleza liberal individualista ataca de forma directa la producción y el trabajo. Es imposible pensar la educación sin un proyecto de país que la sustenta. Las reformas no contemplan el necesario y urgente aumento del financiamiento educativo sino que lo congela en los actuales montos, ya que no se presentó un nuevo presupuesto", añadió.

La conducción sostuvo que la propuesta de modificación del artículo 10 de la LFE, que determinó el acuerdo marco, "es confusa y se superpone con una iniciativa de convenios provinciales, lo cual no es un tema menor, ya que se refiere al convenio colectivo".

"La habilitación de estudios a distancia desde el segundo ciclo de la educación primaria, como se plantea bajo el paraguas de educación 'híbrida', transparenta una mirada mercantilista de la educación y habilita el ingreso de corporaciones y plataformas educativas privadas, además de desconocer la trascendencia de la presencialidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En la escuela se construye el nosotros, que es la trama vincular que sustenta el desarrollo integral durante toda la vida", subrayó.

El gremio aseguró que el examen obligatorio para finalizar los estudios secundarios establece una medición de aprendizajes, "lo que vulnera el proceso por el que se valoran esos aprendizajes a lo largo de toda la trayectoria educativa de cada estudiante, e impone criterios meritocráticos y selectivos para el ingreso a los estudios universitarios".

"El modelo chileno y la educación voucher impregnan la propuesta. La educación técnica, la ciencia y la tecnología son claves en el desarrollo con inclusión social y no son consideradas. Las condiciones y medio ambiente laboral y la salud están totalmente ausentes. El examen de ingreso a la docencia es inadmisible, ya que los trabajadores fueron titulados por una universidad o institución de educación superior no universitaria, y no hay otra profesión a la que se impongan estas exigencias, a lo que se suma la obligatoriedad de evaluación continua como condición de permanencia", denunció.

El Sadop sostuvo también que todo ello "vulnera las condiciones laborales y de salud de los docentes con una sobrecarga laboral expresada en una inestabilidad permanente".

El gremio nacional rechazó "la intención de declarar a la educación como 'servicio esencial' y sus consecuencias en el ejercicio de los derechos adquiridos, y la ruptura de la estructura solidaria del sistema de salud, en cuyas obras sociales sindicales se atienden más de 14 millones de trabajadores", y ratificó que "la educación es un derecho humano".

"Es un derecho humano personal y social; la escuela tiene una función social y el Estado debe ser garante de la educación pública, de gestión estatal y privada, por lo que desde las perspectivas filosóficas, pedagógicas y culturales las propuestas del Gobierno son contrarias al bagaje construido en la práctica docente e institucional del país", afirmó.

El Sadop concluyó que esas propuestas manifiestan "el rompimiento total de los principios del derecho del trabajo y el retroceso en las políticas educativas", señaló la dirigente.