Por Sebastián Premici

No hubo shock de paritarias que le ganase a la inflación. Al menos así quedó registrado a partir del último informe del Indec sobre la variación de los salarios en Argentina. En diciembre, los ingresos de los trabajadores y trabajadoras registradas, es decir aquellos que gozan de todos los derechos laborales, tuvo un incremento del 4,5%. En la comparación interanual, la suba fue del 93,8%. Es decir, al cierre del año quedaron un punto porcentual por debajo de la inflación (94,8). El sector que sí pudo superar la variación general de precios fueron los trabajadores y trabajadoras estatales de la administración nacional, con un alza salarial que superó en casi 4 puntos porcentuales a la inflación.

En diciembre, el conjunto de los trabajadores registrados privados quedó por debajo de la inflación en 0,6 puntos porcentuales, mientras que los empleados estatales lograron un incremento del 9,2%. Los asalariados no registrados apenas tuvieron un incremento salarial del 0,5%, según lo relevado por el Indec.

En un acto en Berazategui, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ponderó que en los últimos dos años la Argentina haya crecido arriba de los 16 puntos y que se hayan recuperado los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia. Esta descripción es, apenas, una partecita de toda la película.

Sin embargo, ese crecimiento que grafica la riqueza generada por los propios asalariados (la torta) se repartió de manera desigual. Por eso durante buena parte del año pasado, una fracción del Frente de Todos intentó discutir la necesidad de otorgar una suma fija para recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2015.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) había planteado la necesidad de otorgar una suma fija de 40.000 pesos para volver al nivel salarial de 2015. Y no estaba tan lejos. Según el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), el salario bruto medio del sector registrado fue de $175.500 en noviembre de 2022. “Siete años atrás, pero expresado en pesos actuales, ascendía a $234.000. Es una diferencia de $58.500 por cada trabajador registrado en el sector privado”, indicaron. Esta sería la pérdida salarial bruta registrada en un proceso de siete años.

“Así, cada persona asalariada cuenta con unos $48.000 de bolsillo menos todos los meses y el Estado deja de recaudar un poco más de $10.000 por cada salario en concepto de aportes y otro tanto equivalente por contribuciones al sistema de seguridad social. Se desfinancia a la familia trabajadora en primera instancia, y al Estado en segundo lugar”, agregaron desde MATE en un reciente informe.

En este contexto, el proyecto del ministro Sergio Massa de negociar paritarias a la baja (como en el caso de Transporte, o con un techo del 60%, volvería a asentar el grado de desigualdad de 2022.