Salarios pisoteados por la complicidad entre el Gobierno y los empresarios

Salarios pisoteados por la complicidad entre el Gobierno y los empresarios

Nació una nueva puja entre el Gobierno nacional y los empresarios con los sindicatos. En el cierre de junio se reunió el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para acordar el nuevo valor del sueldo básico, pero el encuentro, como se esperaba, fue un fracaso.

 

Las centrales obreras se apoyaron en los datos del INDEC, justamente el organismo estatal que depende del Ministerio de Hacienda, para exigir un aumento que llegue a los 14.060 pesos. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, encabezado por Jorge Triaca, y los empresarios llegaron a un acuerdo del que son cómplices.

Los dueños de empresas habían propuesto un ajuste del 20,3 por ciento en tres tramos, hasta julio del año que viene, tal cual lo deseaba el Ejecutivo para no diferenciarse de su propuesta en las paritarias salariales con distintos sectores. Finalmente, la cartera, de forma unilateral, formalizó la suba del 24 por ciento, en tres cuotas, con lo que llegará a los 10 mil pesos recién en julio del año próximo.

“Lloraron todo el tiempo de que no tienen, que no pueden, que es una cifra inalcanzable, que no les está yendo bien”, le contó a NOVA el líder de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, uno de los presentes en la reunión salarial. “Lo lógico es que si no hay acuerdo, el Gobierno no tiene que ponerse a favor de una de las partes, sino ser imparcial y haber partido la diferencia”, se quejó el dirigente.

Frente al Ministerio de Trabajo y durante el encuentro del Consejo, se manifestaron la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie. Actualmente, están en pleno análisis de un plan de lucha, pero el dolor de cabeza del Gobierno y los empresarios no se va a curar con nada luego de que la CGT y la CTA confirmen su medida de fuerza.

“No se sabe la fecha, pero vamos a dar una respuesta contundente. Yo creo que debería hacerse un paro nacional o una movilización a la Plaza de Mayo el 9 de julio, que es lo que le estoy proponiendo a las otras centrales”, adelantó Micheli. El clima está que hierve y las calles van a ser testigos de la presión de las centrales obreras.

El macrismo y el kirchnerismo, los verdaderos amigos de la impunidad

La Cámara de Diputados arrancó con el debate del proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresarial. El apuro por parte de Cambiemos para su aprobación es inminente y tiene un motivo: el caso Odebrecht y el pago de 35 millones de dólares en coimas a distintos países, que la empresa constructora reconoció.

La iniciativa, que incorpora la figura del “colaborador eficaz” para atenuar las sanciones a las empresas a cambio de información sobre los hechos de corrupción, tiene un aspecto que genera polémica y que está volcado en el artículo 37, que contempla la posibilidad de un “acuerdo administrativo” por “hechos anteriores a la sanción de la ley”. Una retroactividad vía administrativa que la oposición rechaza y que genera dudas hasta en el oficialismo; una puerta entreabierta que permite que los delitos sigan su curso de una manera totalmente impune.

Sin embargo, desde Cambiemos siguen hablando de una “ley revolucionaria”, como bien le remarcó a NOVA el diputado nacional del PRO, Daniel Lipovetzky, y aprovechan a tapar la realidad con el despilfarro inútil hacia otras fuerzas políticas y la vacía justificación de que “en otros países de la región hay leyes de estas características”.

No obstante, el kirchnerismo, que se expresa en contra del proyecto de Cambiemos, diciendo que se trata de una ley de impunidad, también es responsable de que hasta el día de hoy las empresas sigan siendo ladrones de guantes blancos. No impulsaron ni una iniciativa que marque un nuevo camino de transparencia en esta problemática y ahora se cuelgan del Gobierno para, aunque sea, salir ilesos en este año electoral.

Un respiro para las víctimas colaterales de los femicidios

En la Legislatura porteña se presentó la Ley Brisa, un proyecto que elaboraron en conjunto La Casa del Encuentro y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y que repara económicamente a niños, jóvenes y adolescentes, quienes son víctimas colaterales de los femicidios.

Hasta el momento, estos menores de edad no tienen dónde ni cómo resguardarse luego de padecer una situación de un dolor inconmensurable por haber perdido a su madre en condiciones repudiables. Sin embargo, como se dice, siempre hay una luz al final del túnel y la Ley de Brisa es la que podrá opacar parte de tanta oscuridad.

“Todas las fuerzas políticas están de acuerdo con que esa ley se sancione en la Legislatura”, le aseguró a NOVA la legisladora Andrea Conde por el Frente para la Victoria (FpV). Cabe destacar que el beneficio que brinda esta iniciativa es un equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que no es suficiente para cualquier trabajador y menos para los que están desamparados por el Estado.

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