La discusión por la Ley de Tierras sumó un duro pronunciamiento de la Juventud Sindical de la CGT, que cuestionó a la Corte Suprema por desestimar el amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata –CECIM- contra su derogación. Bajo el título “Una salida procesal insólita de la Corte Suprema”, la organización que conduce Sebastián Maturano rechazó los argumentos del tribunal y advirtió sobre las consecuencias de quitar las restricciones a la extranjerización del suelo argentino.

El reclamo apunta al artículo 154 del DNU 70/2023, con el que el Gobierno dispuso derogar la Ley de Tierras Rurales. En su comunicado, la Juventud recordó que esa normativa, sancionada en 2011, establecía límites a la propiedad en manos de personas y empresas extranjeras. Además, vinculó la decisión judicial con el rechazo social que, según señaló, había obligado al oficialismo a retirar del debate parlamentario una iniciativa para modificar esas restricciones.

El centro de la crítica está en el camino que tomó la Corte para desestimar la presentación. El tribunal consideró que el CECIM no tenía legitimación para reclamar en esos términos y que no se habían acreditado lesiones a derechos individuales susceptibles de reparación. La Juventud calificó ese razonamiento como “puramente formalista” y cuestionó que se descartara la defensa de la soberanía como un bien colectivo, tal como la había considerado la Sala III de la Cámara Federal de La Plata.

“Llama la atención que la Corte Suprema haya dado vía libre a la venta de tierras sin ningún límite mientras todavía se espera una respuesta respecto de la constitucionalidad no sólo del artículo 154 sino también del propio mega decreto”, denunció el comunicado.

El mensaje también tuvo destinatarios en el Congreso. La Juventud recordó que el Senado rechazó el DNU y apuntó contra quienes impidieron avanzar en el mismo sentido en Diputados. “Los serviles y cómplices de este gobierno no permitieron que se pudiera sesionar en ese sentido”, sostuvo, en uno de los pasajes más duros del pronunciamiento.

La declaración se suma al rechazo que ya había expresado la CGT, que reclamó a Diputados rechazar el decreto y defendió la tierra como parte de un proyecto de país con producción, trabajo y desarrollo.