Por: Maira López.

La CGT Regional Salta decidió mostrar presencia en el debate por la reforma laboral. En la sede de La Bancaria, la central obrera expuso públicamente su rechazo al proyecto del Gobierno nacional y cuestionó al gobernador Gustavo Sáenz por respaldar esa iniciativa sin convocar ninguna instancia de diálogo con las organizaciones sindicales.

Para posicionarse, la CGT convocó a una conferencia, el pasado 30 de enero. Fue encabezada por su secretario general, Carlos Rodas, quien estuvo acompañado por miembros de la comisión directiva y referentes de numerosos sindicatos de la provincia. El mensaje se centró en sostener que la reforma laboral no es modernización, sino una avanzada regresiva sobre derechos históricos, por lo que aseguraron que el alineamiento del gobierno de Salta con la Casa Rosada profundiza un modelo que condena a la provincia al subdesarrollo.

Carlos Rodas ante la prensa (Prensa -)

Horas antes de la conferencia, la CGT había difundido un documento en el que se declaró en estado de alerta y movilización bajo una consigna que sintetizó su posicionamiento político y sindical: “Sin derechos no hay desarrollo, hay esclavitud moderna”. El texto apuntó tanto al Poder Ejecutivo Nacional como al gobierno provincial, al que acusó de construir un relato de “paz social” sin participación de los trabajadores.

“Queremos ser taxativos: el gobernador Gustavo Sáenz no ha mantenido, hasta la fecha, ninguna instancia de diálogo, mesa de trabajo o consulta con esta CGT Regional Salta”, afirmó. Y desafió al Ejecutivo provincial a precisar públicamente con qué sindicatos y bajo qué representación se habrían producido esas supuestas conversaciones. “No aceptaremos que se utilice el nombre de la representación sindical para validar acuerdos que solo benefician al poder político”, advirtió la central obrera.

La grieta con Sáenz

El posicionamiento de la CGT Salta marcó una diferencia con el gobernador, que el pasado 19 de enero recibió en Salta al ministro del Interior, Diego Santilli. Tras la reunión, desde la Nación se afirmó que ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de avanzar con la llamada “ley de modernización laboral”.

Santilli sostuvo entonces que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones”, mientras que Sáenz dijo que está dispuesto a acompañar una actualización de “leyes viejas” y aseguró que había voluntad de diálogo y de consensos.

Sáenz recibió a Santilli en la Casa de Gobierno salteña (Prensa )

Para la CGT Salta, esas declaraciones no solo desconocen la realidad laboral de la provincia, sino que además faltan a la verdad. “Es lamentable que la investidura más importante que tiene la provincia manipule las informaciones”, lanzó Rodas ante la prensa. “Gustavo Sáenz jamás abrió una instancia de diálogo real con las organizaciones sindicales para analizar la ley”, insistió.

El dirigente sindical cuestionó además el uso del concepto de modernización. “Inventaron la modernización para ir de todo para atrás”, afirmó, y subrayó que cualquier discusión sobre cambios en el régimen laboral debe darse “con todos los sectores, pero en la verdad, en los hechos concretos y no en la mentira”.

Un “desastre” jurídico y social

La CGT Salta también puso el foco en los aspectos legales de la reforma. En su documento, calificó el proyecto como un “desastre constitucional y humano” y cuestionó particularmente el Decreto 340/2025, que busca limitar el derecho a huelga imponiendo niveles de cobertura del 75 por ciento en servicios no esenciales.

Según la central obrera, esa disposición viola de manera flagrante el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “No se trata solo de un ajuste económico, sino de un ataque directo a las garantías básicas del mundo del trabajo”, remarcó.

En ese marco, la CGT Salta confirmó su adhesión al paro general convocado por la CGT Nacional para el próximo 10 de febrero. “La gravedad del momento histórico no permite tibiezas”, señaló, y advirtió que no aceptará que los trabajadores sean “la variable de ajuste” de las políticas del Estado nacional.

Otro de los ejes centrales fue el mensaje dirigido a los legisladores nacionales por Salta. La central obrera advirtió que seguirá de cerca el comportamiento parlamentario y anticipó el repudio social para quienes acompañen la reforma. “Informamos a los representantes salteños en el Congreso de la Nación que el pueblo los observa”, sostuvo la CGT. Y agregó: “Aquellos legisladores que voten contra los intereses del pueblo y a favor de la quita de conquistas históricas serán señalados como traidores a la patria. No habrá olvido”.

El contrapunto institucional

En paralelo al posicionamiento sindical, el gobierno provincial buscó mostrar otra escena. El 28 de enero, el gobernador Sáenz convocó a los legisladores nacionales por Salta para analizar el proyecto de ley de “modernización laboral” y debatir el impacto que tendría sobre los recursos provinciales, en particular por la reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias y su efecto en la coparticipación.

Según la información oficial, el encuentro tuvo como eje la defensa de los intereses de Salta y la continuidad de obras públicas consideradas estratégicas para el desarrollo productivo, económico y social de la provincia. En ese marco, la senadora nacional Flavia Royón advirtió que la baja de impuestos coparticipables “tiene un impacto fiscal muy fuerte en las provincias” y planteó la necesidad de buscar alternativas que no afecten la previsibilidad de la administración local.

Sáenz junto a legisladores nacionales (Prensa -)

Los diputados Pablo Outes y Bernardo Biella coincidieron en la necesidad de defender los recursos provinciales frente a cualquier reducción impulsada desde Nación. “Entendemos que hay que reducir tributos, pero no a costa de los recursos provinciales”, sostuvo Outes, mientras que Biella enfatizó: “las provincias no podemos ceder más”. En tanto, la diputada Yolanda Vega recordó que Salta ya finalizó con fondos propios obras originalmente financiadas por Nación, como viviendas, escuelas y centros comunitarios.

Sin embargo, no hubo respuestas precisas a la consulta de Salta/12 qué temas puntuales se debatieron y qué acuerdos concretos surgieron de ese encuentro. No se confirmó la existencia de consensos formales ni propuestas alternativas específicas al texto original de la reforma laboral, más allá de que algunos legisladores sostuvieron de manera general que existen disidencias sobre determinados artículos del proyecto.

El gobierno provincial además resaltó la ausencia de los legisladores de La Libertad Avanza, pese a haber sido convocados, según dijo la vocera Paula Benavides. El oficialismo salteño lo señaló como una muestra de desentendimiento de esos legisladores, incluso después de que el propio ministro del Interior instara públicamente a acompañar la gestión del gobernador como referentes provinciales.

Dos miradas, un mismo conflicto

Para la CGT Salta, la discusión que impulsa el Ejecutivo provincial se limita a una mirada fiscal y de gestión, mientras deja afuera el núcleo del problema, que consiste en el impacto concreto de la reforma laboral sobre las condiciones de vida de los trabajadores. “No alcanza con decir que se defienden los recursos si al mismo tiempo se avala una ley que legaliza la precarización”, deslizaron desde la conducción sindical.

En ese contrapunto se expresó la distancia política que hoy separa al gobierno provincial del movimiento obrero. Por lo que, mientras Sáenz insistió en la necesidad de consensos y en no “tenerle miedo al cambio”, la CGT Salta advirtió que detrás del discurso de modernización se consolida un modelo de subdesarrollo que profundiza la desigualdad y utiliza a los trabajadores como variable de ajuste.

“Todo debate debe ser con la verdad, sobre los hechos concretos y no sobre la mentira”, concluyó Rodas.