Por Javier De Pascuale.

En este contexto, el sindicato Atilra (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina) y su obra social OSPIL, principales acreedores, han rechazado el “Plan de Crisis” presentado por la cooperativa y exigen la declaración de quiebra con continuidad operativa. Esta medida, respaldada por más de 550 trabajadores que marcharon el pasado 7 de octubre en Rafaela, busca preservar empleos y producción, pero bajo una nueva gestión que reemplace a la actual, acusada de “fraudulenta”. En este artículo, basado en información reciente de fuentes confiables, analizamos la gravedad de la crisis, las posturas en pugna y las posibles salidas para una cooperativa que alguna vez fue sinónimo de orgullo nacional.

Una crisis estructural que se agrava

SanCor, con sede histórica en Sunchales, Santa Fe, fue durante décadas líder en el mercado lácteo, con marcas emblemáticas y una red de plantas que abarcaba Santa Fe y Córdoba, corazón lechero del país. Sin embargo, desde 2017, la cooperativa viene enfrentando una debacle financiera marcada por cierres de plantas, ventas de activos (como las marcas Angelita y Las Tres Niñas) y retiros voluntarios masivos. Hoy, opera al mínimo, procesando leche casi exclusivamente bajo contratos de “fasón” (producción para terceros), lo que genera ingresos insuficientes para cubrir salarios, aportes a la seguridad social y otras obligaciones.

El concurso preventivo, iniciado a principios de este año ante el Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, a cargo del juez Guillermo Valés, buscaba reestructurar la deuda y evitar la quiebra. Sin embargo, los números son implacables: la deuda preconcursal laboral asciende a $69.000 millones, reconocida en 1.860 créditos de trabajadores, mientras que las deudas post-concursales incluyen atrasos salariales por el 70% de mayo y la totalidad de junio, julio, agosto y septiembre de 2025, más el medio aguinaldo, sumando más de $14.000 millones solo en origen laboral. A esto se añaden aportes no depositados a OSPIL (obra social), AMPIL (mutual) y Atilra, agravando la tensión con el sindicato.

La situación operativa es igualmente alarmante. De las 936 personas empleadas actualmente, el plan de la cooperativa propone reducir a 632, lo que implica 304 despidos o traslados a plantas clave como Balnearia, La Carlota y San Guillermo (esta última reabierta tras bloqueos sindicales en 2023). 

Hoy el panorama es desolador: el 90% de las plantas están inactivas, afectando a productores tamberos y comunidades enteras en la cuenca lechera. La empresa admite “dificultades de financiamiento” y opera con “leche ajena”, sin capacidad para recuperar su producción autónoma.

La respuesta de Atilra: rechazo al plan y demanda de quiebra

El martes pasado 7 de octubre, en una audiencia clave en Rafaela, los directivos de SanCor defendieron su “Plan de Crisis”, presentado el 3 de octubre, que apuesta por optimizar costos, vender activos improductivos y normalizar pagos mediante nuevos contratos de fasón. 

Sin embargo, Atilra, representada por el abogado Alberto Coronel y el delegado Alejandro Cabrera, rechazó la propuesta por considerarla inviable. “La empresa no tiene fondos ni para salarios ni para indemnizaciones. No hay perspectivas de recuperación con esta gestión”, afirmó Cabrera durante la audiencia, respaldado por una marcha de más de 550 trabajadores que bloquearon calles en Rafaela.

El sindicato, junto con OSPIL, propone una alternativa drástica pero estratégica: la “quiebra con continuidad de la explotación”, una figura contemplada en la Ley Concursal nacional. Esta medida declararía la quiebra, pero mantendría la producción bajo administración judicial provisoria, desalojando a la actual conducción, acusada de emitir recibos apócrifos y retener aportes ilegalmente. “Queremos que la empresa siga trabajando, pero no en manos de una administración fraudulenta. Los trabajadores no somos responsables de la crisis”, enfatizó Cabrera. OSPIL, como acreedor clave afectado por los aportes no depositados, apoya esta postura, priorizando el cobro de deudas laborales y de seguridad social.

El rechazo al plan de SanCor se formalizó con el respaldo del estudio Regali y Asociados, que representa a otros acreedores santafesinos y pidió la intervención judicial de la cooperativa. Atilra también amplió una denuncia penal en el Juzgado Federal de Rafaela por infracción a la Ley 27.430, señalando delitos societarios de la gestión actual.

Antecedentes y escalada reciente

La postura de Atilra no es nueva, pero se consolidó en septiembre de 2025. Entre el 6 y el 8 de septiembre pasado, una asamblea extraordinaria en Sunchales resolvió por unanimidad pedir la quiebra, sumándose a reclamos de exempleados por retiros no pagados. 

El 1 de octubre, un informe de los delegados Cabrera y Llopiz detalló deudas post-concursales por más de $10.000 millones en aportes a OSPIL, AMPIL y Atilra (febrero-junio 2025), más $7.000 millones en salarios hasta julio. Estas cifras, junto con la falta de avances en el plan de la cooperativa, precipitaron la audiencia del 7 de octubre, que dejó al juez Valés ante una decisión inminente: aprobar el plan de SanCor o declarar la quiebra con continuidad. Ese es precisamente el punto en el que la cooperativa se encuentra en este momento. El cuadro adjunto resume las posturas enfrentadas (ver aparte).

Implicaciones y futuro incierto

La apuesta de Atilra no busca el cierre de SanCor, sino un “reinicio controlado”. El secretario general del sindicato, Héctor Ponce, sugirió incluso la posibilidad de que el gremio adquiera partes de la cooperativa, valorando su marca y calidad histórica. Sin embargo, el tiempo apremia: la parálisis de las plantas impacta a cientos de tamberos y comunidades en Santa Fe y Córdoba, mientras la inflación y los costos del sector lácteo argentino agravan el panorama. Los trabajadores no cobran lo que debieran y los ex empleados retirados todavía esperan parte de sus liquidaciones.

Si el juez Valés opta por la quiebra, se convocaría a interesados para la explotación provisoria, lo que podría atraer inversores serios y evitar el desmantelamiento. Sin embargo, la viabilidad depende de encontrar actores dispuestos a invertir en un contexto económico adverso, tanto por la caída en el consumo de productos lácteos por parte de la población como por la incertidumbre en relación a costos derivada de los movimientos de precios de la economía y la volatilidad cambiaria. Por el contrario, si se aprueba el plan de SanCor, los trabajadores temen más despidos y una liquidación gradual de activos a especuladores.

Un llamado a la acción

La crisis de SanCor refleja desafíos más amplios del sector lácteo argentino, desde la presión de costos hasta la competencia global. Mientras el juez Valés evalúa la decisión, los trabajadores y productores esperan una resolución que preserve el legado de una cooperativa que alguna vez fue pilar de la economía regional, además de orgullo para el movimiento de la economía social continental. La marcha del 7 de octubre en Rafaela no fue sólo una protesta, sino un grito de resistencia por la continuidad de una industria vital para muchas comunidades santafesinas y cordobesas. La semana que se inicia será decisiva para determinar si SanCor renace bajo nueva gestión o se convierte en otro capítulo del grave declive industrial argentino.

Posiciones enfrentadas