“Desde febrero de 2016 hasta el día de la fecha he verificado personalmente cómo, de la mano de un sindicato intervenido ausente de hecho y de derecho en todas las negociaciones relativas a las condiciones laborales, los trabajadores marítimos vimos notoriamente disminuidos no sólo miles de puestos de trabajo, sino también suprimidas nuestras históricas conquistas laborales”, dice uno de los párrafos más importantes de la carta que, con fecha del 23 de enero, le envió Mario Morato, el secretario General del intervenido Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) al Presidente de la Nación, en la que le pide una urgente audiencia.

El dirigente le recuerda a Macri que “a raíz de una causa penal iniciada en 2012 contra algunos ex directivos del SOMU, el 18 de febrero de 2016 -o sea 4 años después de iniciado el proceso-, un Juez Penal de la Nación decidió intervenir NUESTRO GREMIO, suspendiendo a todas las autoridades -sin importar si aquellas estaban o no bajo sospecha en la causa penal- y designando como interventora judicial a una Diputada Nacional del partido gobernante (Lic. Gladys González), cuya única vinculación con la actividad marítima es el parentesco (primos hermanos) con el Subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Jorge METZ”.

El gremialista explica que la “falta de preparación de la interventora” provocó hizo que haya “desempeñado sus funciones de manera notoriamente perjudicial contra los intereses de los trabajadores marítimos”. Además recuerda que designó a “decenas de profesionales” con elevados sueldos a cargo del Sindicato, “por un total mensual cercano a dos millones de pesos”.

Además Morato le recuerda a Macri que al decretarse la intervención se sostuvo que la medida (inédita, ya que no había antecedentes de un Juez penal interviniendo un sindicato) obedecía a la necesidad de “preservar las pruebas” de los hechos investigados, pero pese a que terminó el sumario, mantuvo la intervención.

“Habiendo transcurrido más de dos meses desde la fecha en que la Cámara dispuso el cese de la intervención, al día de la fecha el Sindicato continúa alcanzado por los efectos de la intervención, no habiéndose podido avanzar en el proceso electoral, e impidiéndose a quienes fuimos elegidos en los últimos comicios retomar nuestras funciones”, agrega Morato.

“Los trabajadores marítimos aplaudimos toda acción de la Justicia orientada a esclarecer hechos ilícitos y hacer efectivas las responsabilidades emergentes. De hecho hemos colaborado activamente con el avance de la causa y ni bien reanudemos nuestras funciones al frente del gremio, hasta tanto sean elegidas las autoridades surgentes de los próximos comicios, habremos de encarar todas las acciones reconstitutivas del patrimonio del Sindicato contra ex directivos del gremio, entre los que se encontrará la interventora judicial, sus adláteres y todo otro responsable de los perjuicios materiales causados al SOMU”, dispara el dirigente, en lo que anticipa una auditoría sobre la gestión de Gonzalez sobre la asociación sindical.

Para Morato, “la real motivación” de la intervención “no ha sido otra que modificar las condiciones de trabajo del sector, celebrando acuerdos con el sector empresario enteramente favorables a los empleadores, y en perjuicio de los trabajadores”.

Y concluye que “como el SOMU no se puede ´hacer desaparecer´, la única forma que el Poder Ejecutivo Nacional tenía para ´abaratar costos´ de la actividad naviera era dejar al Sindicato sin representantes naturales y proceder a su reemplazo nada menos que por una diputada del mismo color político”. “En esto se inscribe el ´modelo Vaca Muerta´, el DNU que modifica la Ley de ART, los topes salariales, los ´contrato basura´, y otras maniobras desregulatorias orientadas a hacer pagar la reducción del ´costo argentino´ a los trabajadores”.

Además, Morato le envió una carta a la CGT, pidiendo el respaldo de la central obrera para la normalización de la organización sindical, a Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), para expresar la gravedad de la continuidad de la intervención pese a los fallos que ordenan su cese y al Papa Francisco para explicitarle la violación de derechos que están sufriendo los trabajadores del sector.