La crisis que atraviesa la planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) responsabilizara directamente a la empresa por la paralización de las actividades y rechazara las versiones que atribuyen el conflicto a las medidas gremiales.
A través de un duro comunicado, la organización sindical sostuvo que la situación actual es consecuencia de problemas de gestión acumulados durante años y denunció incumplimientos salariales, financieros y laborales que, según afirman, desembocaron en el escenario de incertidumbre que hoy afecta a cientos de trabajadores y sus familias.
“La crisis no es producto de la acción sindical sino del manejo empresarial”, señalaron desde el gremio, que acusó a la compañía de haber sostenido políticas de ajuste, reducción de personal y deterioro de las condiciones laborales mientras se profundizaban los problemas económicos de la firma.
Reclamos por salarios adeudados
Entre los principales cuestionamientos, el sindicato denunció atrasos en el pago de haberes correspondientes a la segunda quincena de abril y la primera de mayo de este año. Además, aseguró que existen incumplimientos vinculados al pago del aguinaldo, vacaciones, aportes a la obra social, retenciones legales y cuotas alimentarias ordenadas por la Justicia.
Según la organización gremial, la empresa tampoco cumplió con un esquema de regularización de pagos que había sido presentado como alternativa para afrontar la crisis. De acuerdo con la denuncia sindical, de ese plan únicamente se habría abonado una cuota y media, dejando pendientes los compromisos asumidos.
Un conflicto con fuerte impacto social
La situación mantiene en alerta a la comunidad de Concepción del Uruguay, donde la actividad avícola constituye uno de los principales motores económicos. La paralización de la planta genera preocupación por sus consecuencias sobre cerca de 900 familias que dependen de manera directa o indirecta del funcionamiento del establecimiento.
En las últimas semanas, trabajadores y vecinos impulsaron distintas iniciativas solidarias para asistir a quienes se encuentran afectados por la falta de ingresos, mientras continúan las negociaciones para intentar destrabar el conflicto.
Desde el STIA remarcaron que las medidas de fuerza implementadas durante el proceso fueron adoptadas luego de múltiples instancias de diálogo y aseguraron que siempre existió predisposición para encontrar soluciones que permitieran sostener la actividad productiva.
Defensa de los puestos de trabajo
La conducción sindical también cuestionó las decisiones empresariales adoptadas durante los últimos meses, entre ellas despidos, reducciones salariales y eliminación de adicionales convencionales, medidas que consideran parte de una estrategia de ajuste que agravó el conflicto.
En ese marco, el gremio ratificó su compromiso con la defensa de los puestos laborales y exigió el pago inmediato de los salarios adeudados, así como el cumplimiento integral de las obligaciones pendientes con los trabajadores.
Mientras continúan las negociaciones y crece la preocupación en la región, el futuro de una de las principales plantas avícolas del país sigue envuelto en incertidumbre. La resolución del conflicto aparece como una cuestión clave no solo para los empleados afectados, sino también para la economía de toda la zona, fuertemente vinculada a la actividad productiva de la empresa.
Comentá la nota