La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictó un fallo histórico al declarar la inconstitucionalidad del artículo 57 inciso «e» de la Ley 10.579, modificada por la Ley 12.770, que imponía un límite de 50 años para el ingreso titular a la docencia. La decisión se tomó en el marco de la causa caratulada «Pérsico, Elizabeth Rosana c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad», donde la actora, una maestra de grado con más de una década de servicio en una escuela de Lomas de Zamora, vio denegada su inscripción en los listados oficiales del ciclo lectivo 2026 por haber superado esa edad.

El tribunal, integrado por los jueces Soria, Kogan, Torres, Carral y Kohan, fue categórico al señalar que la limitación etaria configura una distinción de trato ofensiva a la dignidad humana. En su voto, el juez Soria sostuvo que la edad «no revela por sí sola la falta de idoneidad para acceder al ejercicio de la docencia», y advirtió que la norma discriminaba inválidamente a los docentes mayores de 50 años frente a otros más jóvenes con idéntica capacitación o a otros de la misma edad que no veían imposibilitado su ingreso como titulares. «Una disposición limitativa solo por razones de edad configura una distinción de trato ofensiva a la dignidad humana», remarcó el fallo, que calificó la medida como «francamente discriminatoria» y contraria al derecho a trabajar y a la igualdad ante la ley.

El fallo no solo hizo lugar a la demanda de la actora, ordenando a la Dirección General de Cultura y Educación que se abstenga de impedir su inscripción en los listados oficiales, sino que también exhortó al Poder Ejecutivo y a la Legislatura provincial a que, dentro de un plazo razonable, propongan a debate y decidan sobre la revisión o derogación del artículo declarado inconstitucional. Los jueces destacaron que, a pesar de que la Corte ya había declarado la inconstitucionalidad de esta norma en numerosos precedentes (como los casos «Zunino», «Rodríguez» y «Sánchez»), el Poder Ejecutivo y la Legislatura no han propiciado su modificación, lo que obliga a los docentes a iniciar costosos y prolongados procesos judiciales para hacer valer sus derechos.

La decisión contó con el allanamiento previo del Asesor General de Gobierno, quien reconoció la validez de los argumentos de la actora y solicitó la exención de costas. Sin embargo, el tribunal, por mayoría, impuso las costas en el orden causado, aunque el juez Torres votó en disidencia para que sean cargadas a la demandada, argumentando que la Provincia omitió adoptar medidas para remover el obstáculo legal que obligó a la actora a litigar. La sentencia también dejó sin efecto la medida cautelar que había permitido a la docente inscribirse provisoriamente mientras se resolvía el caso.

Con esta resolución, la Suprema Corte bonaerense reafirma su doctrina sobre la inconstitucionalidad del límite de edad para el ingreso a la docencia y pone presión sobre los poderes políticos para que adecuen la normativa a los estándares constitucionales. El fallo sienta un precedente clave para cientos de docentes que, como Pérsico, vieron vulnerado su derecho a trabajar por una norma que, según la Justicia, carece de fundamento plausible y atenta contra la dignidad de los trabajadores de la educación.