Tras conocerse la resolución del organismo, el secretario general de la CTA Autónoma Río Negro, Rodolfo Aguiar, señaló esta tarde que «la IGJ viene a darnos la razón y a confirmar que Hidden Lake es una pantalla jurídica diseñada por (el magnate británico Joe) Lewis para comprar tierras en zona de frontera y disimular su patrimonio millonario».

«Es hora de que la Justicia haga lugar a la intervención de la empresa y la liquidación de su patrimonio, y que esos activos en manos del Estado financien el acceso popular a Lago Escondido», agregó el gremialista.

En ese sentido, desde la CTA Autónoma recordaron que la función de la IGJ, que encabeza el abogado Ricardo Nissen, es «impedir que las sociedades mercantiles sean utilizadas en detrimento del orden jurídico».

Además, el dirigente de esa central obrera destacó que Nissen, en los considerandos de la resolución, mencionó «los fallos firmes del Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro y (de la) Corte Suprema de Justicia de la Nación incumplidos por la empresa británica sobre la accesibilidad a Lago Escondido».

«Ante el incumplimiento de una sentencia judicial dictada hace más de diez años en un tema de enorme repercusión social y política, no pueden existir integrantes de dicha sociedad que pretendan exhibir actuación alguna de buena fe», advirtió Aguiar en un comunicado.

En la resolución de la IGJ emitida, el organismo consideró que «Hidden Lake S.A. resulta ser una pantalla jurídica que no tiene por finalidad el intercambio, la producción o prestación de bienes o servicios, sino que se la está utilizando para disfrazar un cuantioso patrimonio del señor Lewis en la Patagonia, a la vez que para evitar o cuanto menos frenar la aspiración de cualquier integrante de la sociedad argentina de poder acceder al singular y maravilloso espejo de agua que representa el Lago Escondido».

La IGJ trasladó su solicitud a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, a la que requirió «hacer cesar el irregular e ilegal estado de cosas que se verifica hasta el presente, concretado a través de la antijurídica actuación en nuestro país del señor Lewis, utilizando de forma espuria a una sociedad comercial registrada en la Ciudad de Buenos Aires, con sede en un estudio jurídico capitalino».

Dependiente del Ministerio de Justicia, la IGJ fiscaliza a las sociedades por acciones ‑excepto las controladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV)- y a las de responsabilidad limitada, como también las compañías extranjeras con presencia en el país, las sociedades de capitalización y ahorro, asociaciones civiles y fundaciones.