Uber va por todo. La empresa estadounidense busca quedarse con las operaciones de Delivery Hero, dueña de PedidosYa, en la Argentina como parte de una operación global valuada en U$S 14.800 millones. La adquisición todavía no está cerrada y deberá atravesar las autorizaciones regulatorias, pero ya encendió una fuerte alarma entre los trabajadores de las aplicaciones de reparto.

La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASiMM) presentó ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) un escrito de oposición y denuncia de concentración económica. El planteo apunta directamente al impacto que tendría la operación sobre quienes trabajan como repartidores y advierte sobre el riesgo de que un solo actor termine concentrando una parte decisiva de la demanda laboral del sector.

La operación fue anunciada a nivel global y Uber proyectó completarla durante el segundo semestre de 2027, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias correspondientes.

En la Argentina, la ANC deberá determinar si la adquisición puede afectar las condiciones de competencia. Para los trabajadores, el problema no se limita a qué empresa controla el mercado de las aplicaciones: también está en juego cuánto poder tendrá un repartidor para elegir dónde trabajar y discutir las condiciones de su actividad.

Dos apps, un solo dueño: la alarma de los repartidores

Uber y PedidosYa son dos de las principales plataformas utilizadas actualmente para realizar repartos. Si la adquisición avanza, ambas quedarían bajo el control de un mismo grupo.

El sindicato advierte que esa concentración podría eliminar una de las pocas herramientas que tienen los trabajadores para defender sus ingresos: la posibilidad de cambiar de plataforma.

Si una tarifa es baja, una sanción es cuestionada o las condiciones de trabajo empeoran, un repartidor puede intentar buscar otra aplicación. Pero esa alternativa pierde fuerza cuando las principales plataformas quedan concentradas en un mismo actor.

Por eso, la presentación ante la ANC introduce el concepto de “monopsonio laboral”: una situación en la que un único comprador concentra la demanda de trabajo y obtiene una capacidad mayor para establecer las condiciones bajo las cuales se desarrolla la actividad.

El planteo sindical es concreto: menos plataformas pueden significar menos capacidad de negociación para quienes trabajan en ellas.

ASiMM pidió que la operación sea rechazada o que, en caso de autorizarse, la autoridad de competencia establezca condiciones destinadas a evitar los efectos de la concentración sobre los trabajadores.

Entre las medidas reclamadas figuran tarifas mínimas vinculadas a los costos de vida y combustible, mayor transparencia de los algoritmos y controles sobre las operaciones financieras relacionadas con las billeteras virtuales.

Tarifas, combustible y una cuenta que no cierra

Detrás de la discusión por el control del mercado aparece otro problema: cuánto termina cobrando realmente un repartidor después de pagar los costos necesarios para trabajar.

La documentación presentada ante la ANC incluye liquidaciones de jornadas y análisis de las distancias recorridas. En dos muestras analizadas, el pago base por kilómetro se ubicó entre $249,39 y $291,44.

Para los trabajadores, ese ingreso debe contrastarse con todos los gastos que implica salir a repartir: combustible, mantenimiento, amortización de la moto o bicicleta, telefonía y elementos de protección.

El reclamo también pone el foco sobre las propinas. Según las liquidaciones incorporadas al expediente, representaron entre $5.600 y $6.500 por jornada y llegaron a explicar cerca del 20% del ingreso total.

El dato expone una particularidad del modelo: una parte relevante de los ingresos que necesita el trabajador puede terminar dependiendo de la voluntad del consumidor, mientras la tarifa base queda determinada por la plataforma.

El algoritmo decide, el trabajador paga

La concentración también profundiza un debate que atraviesa al trabajo en aplicaciones: quién controla las reglas del juego.

Los algoritmos intervienen en aspectos centrales de la actividad, desde la asignación de pedidos y los recorridos hasta las tarifas y los mecanismos de evaluación o sanción.

Para los trabajadores, la falta de transparencia sobre esos sistemas agrega una cuota de incertidumbre a un empleo ya caracterizado por la precariedad.

Y existe una consecuencia particularmente grave: quedar afuera de la plataforma puede significar quedar afuera del trabajo.

La denuncia presentada ante la ANC cuestiona que la desactivación de una cuenta pueda dejar a un repartidor sin acceso a la actividad y sin una alternativa equivalente dentro del mismo mercado.

A esto se suman los cuestionamientos sobre las deducciones y las demoras vinculadas con las billeteras virtuales utilizadas para administrar los pagos.

En otras palabras, la disputa no pasa solamente por cuánto paga una aplicación. También pasa por quién decide cuánto se paga, cómo se asigna el trabajo, qué sanciones se aplican y qué ocurre cuando el trabajador cuestiona esas reglas.

La concentración llega mientras la ANC ya mira a las apps

La operación entre Uber y Delivery Hero llega, además, mientras la propia Autoridad Nacional de la Competencia ya investiga de oficio al mercado de las plataformas de delivery.

En marzo, el organismo comenzó a analizar posibles prácticas anticompetitivas, entre ellas cláusulas de paridad de precios y acuerdos de exclusividad con restaurantes.

Ahora aparece un nuevo capítulo: la posible desaparición de uno de los principales competidores del mercado.

La discusión, entonces, excede al consumidor que pide comida desde el celular. También alcanza a los comercios que utilizan las plataformas y, especialmente, a los trabajadores que dependen de ellas para generar sus ingresos.

U$S 14.800 millones arriba y miles de trabajadores abajo

Para Uber, la adquisición puede representar una expansión de escala y una mayor integración de sus operaciones. La empresa sostiene que una red más grande permitiría aumentar los pedidos y mejorar las oportunidades para comercios y repartidores.

Pero desde el sector sindical la lectura es otra: si desaparece una alternativa relevante, desaparece también una herramienta de negociación para los trabajadores.

La compra todavía no está aprobada y el proceso regulatorio recién comienza a transitar una etapa decisiva. Pero la denuncia ya instaló el conflicto laboral detrás de una operación financiera gigantesca.

Porque mientras arriba se discute una transacción de U$S 14.800 millones, abajo aparece una pregunta mucho más concreta para quienes viven de repartir pedidos: qué poder les quedará para negociar el precio de su trabajo si las principales plataformas terminan bajo un mismo control.