El cierre de FATE no es un hecho aislado; constituye un eslabón más del proceso de pauperización social detrás del modelo de miseria planificada de La Libertad Avanza, en muchos casos concretado con la complicidad de la misma casta empresarial sostén del experimento Milei, llámese Paolo Rocca, mandamás de la Unión Industrial Argentina o Madanes Quintanilla, dueño de FATE, Aluar y varias empresas energéticas.

Desde las profundidades de este escenario sobreviene un incremento de la conflictividad laboral vinculado al modelo económico oficial. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sistematizó los casos de despidos, cierres, suspensiones, retiros voluntarios, quiebres y venta de unidad productivas, que nada tienen que ver con la legislación laboral que La Libertad Avanza pretende reformar este jueves.

Dicha conflictividad se agudizó desde las elecciones del pasado 26 de octubre, al pasar de 24 a 42 casos por mes. “Desde enero 2024 hasta el 5 de febrero 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictividad laboral en todo el país”, puede leerse en el informe de CEPA.

Los cierres de empresas también fueron materia de estudio por parte de la organización Fundar. Desde el inicio de la administración Milei hasta la actualidad (el último dato consolidado corresponde a noviembre 2025), se destruyeron 21.938 empresas, el 4,3% del total.

El conflicto es Milei

La implementación del programa de miseria planificada constituye un gran laboratorio de displinamiento social no exento de represión que este jueves tendrá un nuevo capítulo en la Cámara de Diputados y sus inmediaciones. El incremento de la conflictividad laboral registrada en los últimos dos años – y sistematizada por el CEPA – es tributaria de este modelo de pauperización de la administración Milei.

La conflictividad laboral no deviene de un corpus legislativo pensado para proteger los derechos de los trabajadores sino principalmente de un contexto social y económico de pauperización cimentado por un programa de ajuste.

“Durante los últimos dos años, Argentina atravesó transformaciones macroeconómicas y productivas, caracterizadas por el ajuste fiscal, desregulaciones, apertura importadora y redefinición del rol del Estado (por solo nombrar algunas), lo que generó impactos directos sobre el nivel de actividad, empleo, salarios reales y la negociación colectiva”, resumió el CEPA en su último informe sobre la conflictividad laboral en el país.

Desde enero 2024 hasta el 5 de febrero 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictividad laboral en todo el país. En el desagregado, se detectó que el sector industrial fue el más perjudicado, rubro que tiene casi la mitad de su capacidad instalada frenada, según los últimos datos del INDEC, que en el caso del caucho y neumáticos –FATE es una de las principales empresas del sector- apenas supera el 30%.

Los resultados de la conflictividad laboralEl sector más perjudicado por los conflictos laborales fue la Industria con el 62,1%. Las ramas más afectadas fueron: textil, alimentos y la metalurgia y siderurgia, fundamentalmente como consecuencia de la apertura importadora, según el análisis realizado por el CEPA. El sector Servicios representó el 16,9% de los casos. Las actividades de Recreación y esparcimiento (Hotelería, Restaurantes, Bingos y Casinos), Transporte, Medios de comunicación y Sanidad fueron los de mayor alcance. El sector primario acumuló el 9,5% de los casos, donde la mayor afectación se dio en el sector de Hidrocarburos y Servicios Petroleros, el Pesquero, y la Minería. El comercio representó el 8.2% de los casos, Supermercados fue el subsector más afectado. La Construcción acumuló el 3,3% de los casos, siendo la obra privada la más afectada.

¿La conflictividad laboral aumentó por una legislación engorrosa? Con su reforma laboral, Milei vende humo. La principal razón de conflicto durante el período analizado fueron los despidos (63,6%), derivados de la crisis económica y social que afectó a determinados rubros intensivos en mano de obra.

Entre noviembre de 2023 y noviembre del año pasado se perdieron 290.600 puestos de trabajo registrados. Luego de los despidos, la conflictividad estuvo vinculada al cierre de empresas (12,3%), las suspensiones de personal (10%), y situaciones de crisis (7,8%), entendidas como casos derivados de la caída de las ventas por la disminución del consumo o la apertura importadora, el rechazo de cheques por falta de fondos, la falta de pago o el pago parcial de salarios, entre otros.

El unitarismo violento de La Libertad Avanza encuentra su contra parte en la pauperización federal de las condiciones de vida. En cuanto a la distribución geográfica, gran parte de la zona centro del país acaparó el 48% de los casos de conflictividad laboral. Buenos Aires se llevó el 25,8%, seguido por Santa Fe (10,5%), Córdoba (6%), CABA (5,7%) y Entre Ríos (3,3%). En el caso de Tierra del Fuego fue del 4,2% seguido por Tucumán 3,3%.

El cierre de empresas

En los dos años de gestión de La Libertad Avanza, se cerraron 21.938 empresas, de las cuales 10.123 bajaron persianas el último año. El último dato consolidado es de noviembre de 2025. Ese mes se perdieron 892 empresas.

De acuerdo al informe realizado por Fundar, 22 de las 24 provincias tuvieron una caída interanual en la cantidad de las empresas registradas. En el caso de La Rioja, la caída de empresas en los últimos dos años fue del 12, seguido por Catamarca (-11,2), Chaco (10,24) y Tierra del Fuego (9,75).