Lejos de bajarle el tono a la discusión, ayer tanto el gobierno de María Eugenia Vidal como los sindicatos difundieron cifras muy disímiles sobre el impacto que tuvo el paro en las escuelas públicas bonaerenses: mientras que las estadísticas oficiales aseguraron que solo hubo un 39% de acatamiento, los gremios sostuvieron que la medida se sintió con fuerza en el conurbano y en promedio la adhesión fue del 90 por ciento.

Más allá de estos cruces de datos, el titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Bueno Aires (Suteba), Roberto Baradel, direccionó la discusión al plano político y criticó la decisión de Vidal de eliminar algunos impuestos provinciales para bajar las tarifas de los servicios públicos bonaerenses.

"Queda demostrado que cuando hay decisión política, la plata está. Aparece. La gobernadora tuvo la decisión de financiar al Estado en 3000 millones de pesos para garantizarles las ganancias a determinados empresarios y, en lugar de parar el tarifazo, eliminó impuestos a los servicios públicos", dijo Baradel, que encabezó una marcha de protesta frente a la Casa de la Provincia en la Capital. Queda claro -continuó- que "no hay problemas de dinero", sino que "quieren bajar salarios porque esa es la decisión política".

En diálogo con LA NACION el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, opinó que Baradel es un verdadero "militante" del paro. "No tiene fundamentos: el viernes pasado realizamos una buena propuesta y ni siquiera la analizaron. Salieron y anunciaron la huelga que impusieron hoy [por ayer]. La marcha del jueves pasado contra el aumento de las tarifas lo envalentonó y en la paritaria ni siquiera prestaron atención a la oferta que mejoraba el salario de los maestros. Ahora, como ocurrió en los anteriores paros, se les descontará el día perdido a los maestros que no dictaron clase", dijo el ministro.

La última oferta del gobierno de Vidal planteaba una lógica distinta: otorgar un aumento salarial (en tres tramos) del 10% para el primer semestre de este año, más un reconocimiento por presentismo de hasta 3000 pesos por maestro para ese período. Además, instaba a abrir nuevamente la discusión paritaria en julio. Pero la propuesta fue rechazada y se convocó a un nuevo paro.

Ayer, la Dirección General de Cultura y Educación realizó, como en los paros anteriores, un relevamiento en 9838 escuelas a través de 135 inspectores distritales, 1770 inspectores de áreas y más de 9000 directores de escuelas que registraron un acatamiento a la huelga del 39% con un total de 179 colegios cerrados, dijeron fuentes de la gobernación bonaerense.

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) salió al cruce de esos datos y a través de un comunicado aseguró que fue contundente el nuevo paro, con un acatamiento del 90%. "Hubo colegios donde la medida de fuerza llegó a 60%, pero en otros caso hay escuelas que todas las maestras participan del paro", dijo una fuente cercana a la presidenta de la FEB, Mirta Petrocini.

Villegas remarcó que si bien el paro no llegó a tener un acatamiento del 40%, la adhesión fue muy alta. "Dejaron muchos chicos sin clases y creíamos que la medida de fuerza iba a tener un menor impacto, no el 39% que tuvo", dijo.

Las fuentes de la gobernación explicaron que La Plata, Merlo y Morón están entre los distritos donde más cayó la adhesión a la huelga docente respecto de la última medida de fuerza que se realizó el 5 de abril. "En la capital bonaerense el paro fue del 44,2% (había sido de 69,9%), en Merlo alcanzó el 64% (había superado el 80%) y en Morón fue del 40% (y había llegado al 54)", dijo un informante con acceso al relevamiento oficial.

En medio de las duras negociaciones salariales, anteayer los sindicatos recibieron una mala noticia que tensó, aún más, la discusión paritaria: la Justicia Laboral dio "vía libre" para que el gobierno de Vidal comience a realizar los descuentos a los maestros que no dictaron clase y se sumaron al paro.

Sucedió que el Tribunal de Trabajo N° 4, integrado por los jueces Soledad Moreyra, Rodolfo Francisco Martiarena y Adela Di Stéfano, rechazó una medida cautelar presentada por los gremios para que la provincia se abstenga de realizar descuentos cuando se realicen medidas de fuerza. En la resolución los jueces afirmaron que no se encuentra acreditado en autos "que la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires vaya a efectuar los descuentos tal como denuncia la parte actora en la medida cautelar".