Mientras el nivel de adhesión al paro docente registraba ayer un importante descenso, el gobierno provincial emprendió un operativo para auditar escuela por escuela y certificar quiénes son los que efectivamente se pliegan a la medida de fuerza y no concurren a dictar clases. Se trata del paso previo para avanzar con los descuentos por los días no trabajados.

Según pudo saber diario Hoy, la inspección está a cargo de personal de Ministerio de Trabajo bonaerense que, cabe recordar, dictó la conciliación obligatoria, disposición que fue confirmada la semana pasada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata. 

Esta medida fue acatada por los gremios Soeme, UPCN y AMET, mientras que fue desobedecida por los dirigentes del Frente Gremial Docente que, ayer, anunciaron que hoy seguirán las medidas de fuerza. En tanto, mañana y el jueves próximo se realizará el cese de actividades convocado a nivel nacional por Ctera. De esta manera, habrá problemas con el dictado de clases, en principio, hasta el viernes próximo, aunque se prevé que el nivel de adhesión sea aun más reducido de lo que se registró ayer.

Según la normativa vigente, no cumplir con la conciliación obligatoria podría derivar en la aplicación de fuertes sanciones, que van desde multas económicas hasta la quita de la personería gremial de los sindicatos consonantes a la medida de fuerza.

La necesidad de salir a controlar la asistencia escuela por escuela se sustenta en la sospecha de serias falencias que presentaría el mecanismo de contralor, que se instrumenta en formato papel y, según entienden en el gobierno provincial, sería fácilmente manipulable. 

En ese contexto, un hecho que estaría llamando la atención de la autoridades provinciales es el incremento de las licencias médicas registradas en los últimos días, lo que podría constituir una forma para intentar maquillar adhesiones a la medida de fuerza y así evitar los correspondientes descuentos.

Nueva convocatoria a los gremios

El gobierno bonaerense convocó para hoy a las 14.30 a los gremios docentes de la Provincia para intentar destrabar el conflicto que afecta el normal inicio de clases, informaron fuentes oficiales.

La última propuesta del gobierno de María Eugenia Vidal fue el viernes pasado y consistió en una mejora salarial del 19% en tres cuotas y una suma no remunerativa por la pérdida de poder adquisitivo de 2016.

El director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, insistió ayer en que “nunca está roto el diálogo” con los docentes, pero advirtió que le gustaría sentarse a conversar con los gremios “sin la coacción y la amenaza del paro”.

El ministro reiteró que la última propuesta del gobierno bonaerense contempló una recomposición de 500 pesos para un cargo y $1.000 para dos, además de un aumento del 5 por ciento en enero, otro tanto en abril y en septiembre, ajustables por la inflación.

En el acta de notificación con el llamado al nuevo encuentro paritario, desde el gobierno se destacó “la emergencia que supone la necesidad de retomar la vía del diálogo y la concertación”.

Una sola jornada sin llamado a huelga

Hasta ahora, de los seis días lectivos en que debería haber habido clases en la Provincia de Buenos Aires, solo hubo una jornada sin que algunos gremios hayan convocado a paros.

Cabe recordar que los docentes no reciben aumento salarial desde agosto pasado, período en el cual, de acuerdo al Indec, hubo una inflación del 10,3 por ciento. Además, si a este deterioro se suman los descuentos por las jornadas laborales en las que se ausentaron, los ingresos se verán seriamente afectados.

Lamentablemente, el conflicto perjudica a los chicos pobres, ya que las clases acomodadas envían a sus hijos a colegios privados, donde por lo general no hay huelgas.

Las negociaciones, a foja cero

El jueves último, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata dejó en suspenso el fallo de un juez de primera instancia que había suspendido la conciliación obligatoria dispuesta por el gobierno bonaerense.

En el fallo de la Cámara se resolvió “disponer la suspensión de todo lo ordenado en la resolución de grado dictada el 7 de marzo hasta tanto se halle el recurso de apelación en condiciones de ser resuelto”.

“Sin desmedro de los legítimos derechos de los trabajadores a procurar la recomposición salarial por los medios establecidos por las leyes, también es indudable el interés colectivo en la reanudación de la actividad de los docentes como garantía de acceso a la educación que sustenta las denuncias y planteos de la demanda sin que ello importe adelanto de jurisdicción sobre la problemática en debate”, precisó el fallo que vuelve a poner en vigencia la conciliación.

Precisa que “el a quo (por el fallo de primera instancia) ha intervenido el procedimiento colectivo laboral tendiente a dicha finalidad al privar de eficacia la conciliación obligatoria adoptada, generando un virtual estancamiento de aquel como de las negociaciones ulteriores, y así también impactando en el inicio del ciclo lectivo 2017 como consecuencia de esa medida”.

Cabe destacar que, con la conciliación obligatoria vigente, la negociación entre el gobierno y los gremios vuelve a foja cero y requiere a las partes que se esmeren por resolver el conflicto. La Administración de la gobernadora María Eugenia Vidal deberá proponer una oferta superadora y, por su parte, los sindicatos tendrán que abstenerse de llamar a huelgas o movilizaciones.