OCA con intervención judicial

OCA con intervención judicial

La jueza interpretó que la compañía intentó eludir el pago de impuestos adeudados. El abogado Llermanos negó la intervención.

La jueza Liliana Heiland, del juzgado contencioso administrativo federal 10, definió la intervención a la empresa OCA S.A. Esta decisión de la magistrada se enmarca en el proceso por el cual la AFIP le reclama a la firma una deuda impositiva y previsional por 3.400 millones de pesos. Formalmente la empresa le pertenece a Patricio Farcuh, pero se la vincula a Hugo Moyano. Precisamente esa posible relación ha estado como trasfondo en las tensiones entre el gobierno nacional y el dirigente del gremio Camionero. Sin embargo, su abogado Daniel Llermanos negó que la firma se encuentre intervenida.

La intervención de la compañía fue ordenada al considerar que, a través de una serie de maniobras administrativas, la empresa intentó eludir el pago de los impuestos adeudados. La magistrada interpretó en su fallo que “está en riesgo el patrimonio estatal” ya que OCA “tiene como primero y último fin eludir el cobro de la millonaria deuda fiscal”. Por eso pidió la “urgente” intervención judicial no sólo de OCA SRL, sino de sus subsidiarias OCA Logística SA y OCA Postal SA. La maniobra de vaciamiento descripta en el fallo incluye a esas dos sociedades anónimas, que habrían recibido unidades de negocios y empleados de parte de OCA SRL, como parte de la supuesta elusión. La magistrada ordenó “a las tres empresas que se abstengan de efectivizar la escisión de las unidades de negocios o, si ello ya hubiera ocurrido, que se retrotraiga”. La intención de operar con estas dos firmas había sido hecha pública por el propio Farcuh, dueño de OCA SRL, a través de una solicitada publicada el 22 de octubre con su firma. En ese texto dijo que la empresa “comenzará a brindar servicios postales a través de la sociedad OCA Postal SA, y los servicios logísticos (no postales) a través de la empresa OCA Logística SA”.

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En tanto, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) ya había habilitado a las dos sociedades anónimas con el certificado postal. El organismo público había exigido la inclusión de veedores por parte del Estado dentro de OCA como parte del control de las operaciones. Pero ahora la juez le ordenó a la Enacom que “se abstenga de registrar a las sociedades anónimas como proveedoras de servicios postales”, decisión que, en la práctica, congelaría las operaciones de OCA SRL en el mercado. La magistrada pidió, además, que todas las cuentas de las tres firmas postales sean embargadas.

En noviembre de 2017 OCA ingresó en concurso de acreedores, a partir de la crisis por la deuda con la AFIP. En Enacom fue clave para darle en ese momento un respiro porque en marzo volvió a prorrogar por otros 30 días el plazo otorgado para la cancelación de las obligaciones de la compañía. Sin embargo, la firma a partir de este fallo está en riesgo de no poder seguir ofreciendo servicios postales dado que la intervención judicial impide que operen ambas sociedades anónimas. En OCA tienen empleados a unos 7000 afiliados al gremio de Camioneros.

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