El líder del sindicato de judiciales Julio Piumato quedó expuesto en un reciente mensaje enviado por las redes sociales a sus principales caciques gremiales del interior del país: exijan en los tribunales provinciales y ministerios públicos fiscales que "designen de inmediato" a los funcionarios ingresantes al Poder Judicial porque desde el primero de enero el que entra pagará Impuesto a las Ganancias.
La orden de Piumato trascendió a los medios poco después que la CGT y los gobernadores negociaron con el Gobierno nacional los cambios al proyecto de ley de la oposición, que ya contaba con media sanción en Diputados. Esa iniciativa ya proponía que paguen "los nuevos".
Lo más duro de acordar en las reuniones fue cómo recuperar los ingresos fiscales que el Estado resignará por elevar el mínimo no imponible y las escalas. Con ese objetivo, el Ejecutivo propuso a sindicalistas y mandatarios dejar vigente el punto incorporado por el kirchenerismo para comenzar a aplicar el tributo a los trabajadores judiciales, una bandera que Piumato prometió nunca bajar.
Fuentes gremiales revelaron entonces que el jefe de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UJEN) habría sido seleccionado por caciques cegetistas y funcionarios nacionales para entablar un diálogo franco con el máximo tribunal. En uno de esos encuentros a puertas cerradas surgió el temor a la abultada jurisprudencia que duerme en el archivo de la Corte Suprema, que frena una y otra vez a la aplicación del impuesto al mundillo tribunalicio.
En esa tarea, Piumato consiguió el apático aval de la Corte al nuevo proyecto de Ganancias del oficialismo -no declararía la inconstitucionalidad de la nueva ley - a cambio de que el descuento rija para exclusivamente para los nuevos empleados. Queda un "vacío" a determinar sobre el deber financiero de los futuros ascendidos y recategorizados.
Halcones y palomas se enfrentaron puertas adentro en el gremio judicial. Por un lado estuvieron quienes promovían una ley pareja para todos -que ninguno pague- y el inicio de una efusiva batalla gremial contra la iniciativa, aunque haya consensos entre todos los sectores para aprobarla. Y por otro, emergieron los defensores del beneficio del derecho adquirido, que comulgaron ante la Corte y celebraron la redacción final del texto. "En el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las Provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive".
El mensaje que distribuyó la Comisión Directiva Nacional de UJEN es claro y sencillo: cualquier designación pendiente hay que resolverla antes del 31 de diciembre.
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