Ciampa refutó los argumentos oficiales que sostienen que la reforma aportará seguridad jurídica al sistema laboral. Según el abogado, de convertirse en ley, el proyecto provocará un aumento en la cantidad de juicios.

En este sentido, aportó datos para desmitificar la visión sobre la industria del juicio en el país y señaló que la litigiosidad en Argentina es actualmente sumamente baja, contrariamente al discurso predominante.

En esa línea, explicó que “menos del 2%” de los trabajadores que están en condiciones legales de iniciar una demanda, terminan haciéndolo.

Uno de los puntos más críticos de la alocución de Ciampa fue la comparación con las normativas aprobadas anteriormente. El abogado recordó que, hace un año y medio, la entrada en vigencia de la Ley Bases fue presentada con los mismos objetivos de generación de empleo y registración laboral que se esgrimen hoy.

“Ahora dicen que se necesita esta ley para lo mismo. Es la confesión del fracaso de la Ley Bases”, sentenció el letrado, sugiriendo que el primer paso lógico debería ser la derogación de aquella normativa antes de avanzar con nuevos cambios.

El asesor de la central obrera fue tajante al afirmar que las leyes laborales no tienen la capacidad de crear empleo por sí mismas. Al respecto, recordó antecedentes inmediatos desde la aprobación de la Ley Bases, período en el que normas similares en su carácter regresivo “llevaron la desocupación en Argentina del 6% al 21,5%”.

De acuerdo con su análisis, la falta de puestos de trabajo no es una consecuencia de las leyes vigentes, sino de las decisiones macroeconómicas. En este sentido, aseguró que lo que genera empleo real son las políticas económicas de activación productiva y que, si hoy no se registra crecimiento en el mercado laboral, es debido al fracaso de la política económica del gobierno.

Finalmente, Ciampa dejó en claro que la CGT tiene abierta la posibilidad de judicializar la reforma, tanto desde la representación colectiva de los sindicatos como de los trabajadores individuales, aunque aclaró que la decisión final dependerá de las autoridades gremiales en función de su estrategia política y sindical.