El referente del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, confirmó que el próximo jueves el gremio realizará una movilización frente a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para rechazar la posible precarización laboral de 500 trabajadores de grúas y remolques, después de que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta anunciara la estatización del servicio por irregularidades en el contrato con las empresas privadas.

Moyano anunció una "masiva marcha" para repudiar "el intento oficial de traspaso de ese personal a la compañía estatal AUSA y la segura reducción salarial". Y agregó: "Las empresas VRD y Dacota, de grúas y remolques, decidieron con el Gobierno porteño transferir a ese personal a AUSA, reducirles a la mitad el actual salario y no respetar el convenio colectivo camionero 40/89, ya que empezarían a pertenecer a otro gremio".

Con ese tono crítico, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) sostuvo: "Eso no será permitido de ninguna manera. Los trabajadores de grúas y remolques son camioneros y tienen más de 25 años de antigüedad. La decisión fue adoptada por temas exclusivamente comerciales ajenos al personal, a partir de la finalización del contrato de concesión".

Moyano dice que las autoridades del Gobierno porteño "viven en un termo"

Para Moyano, las autoridades del Poder Ejecutivo capitalino "viven en un termo", luego de que calificaran la marcha convocada por el sindicato como "política". Y enfatizó: "El gremio defiende la dignidad, los salarios y las condiciones de trabajo. No se permitirá que ello sea flagrantemente violado".

En las últimas horas, ya había prometido una "movilización impresionante", para "putear a los legisladores del Pro y los peronistas que han decidido que estas dos empresas no presten servicio".

La polémica en torno al mecanismo de acarreos radica en las concesiones de las empresas que brindan las tareas, Dakota y BRD, cuyos contratos están vencidos desde el 2001, pero se fue prorrogando hasta la actualidad. Además, pagan un canon mensual de tan solo 55.000 pesos, con un monto congelado desde el 2014.

Frente a este escándalo, y el pedido opositor por investigar la irregularidad, la administración de Larreta anunció la suspensión de la concesión y estatizar el sistema.