Su cosecretario general, Octavio Argüello, sostuvo que la central atraviesa un momento “decisivo” y calificó las políticas oficiales como un intento de “flexibilización laboral disfrazada de modernización”.

En declaraciones radiales, el dirigente acusó al Ejecutivo de promover reformas impulsadas “por la embajada de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional”, destinadas —según su visión— a precarizar el empleo. “Lo que quieren es trabajadores sin derechos, totalmente indefensos”, afirmó.

Argüello también rechazó el argumento de que los costos laborales sean los principales responsables de las dificultades de las pequeñas y medianas empresas. “Lo que mata a las pymes son los impuestos, no las indemnizaciones. Un trabajador con diez años de antigüedad no quiebra a nadie; lo que las destruye son las políticas económicas”, subrayó.

La conducción de la CGT, que busca mantener abierta la vía del diálogo, anticipó que si el Gobierno no escucha sus reclamos recurrirá a los tribunales y a la movilización callejera. “Vamos a dar la pelea en todos los frentes: el judicial, el legislativo y, si hace falta, también en la calle”, enfatizó el gremialista.

Argüello reivindicó además la identidad peronista del movimiento obrero, aunque aclaró que la CGT “representa a todos los trabajadores, piensen como piensen”. En ese sentido, insistió en que la misión de la central no es partidaria, sino la defensa de los derechos laborales.

El escenario político y económico agrega tensión a la estrategia sindical. En medio del debate por la reforma laboral y la situación de las pymes, la CGT apuesta a sostener la unidad y a mantener su peso como actor central del mundo del trabajo. Con un mensaje claro al Gobierno, la central dejó en claro que cualquier intento de retroceso en materia de derechos será enfrentado con firmeza.