Fuentes del Consejo de Mayo confirmaron que el proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el secretario de Trabajo Julio Cordero, será presentado a mediados de diciembre. El texto se basa en negociaciones iniciadas en junio con empresarios, gobernadores y representantes de la CGT, aunque desde la central obrera niegan haber avalado ninguna de las propuestas.

“El Gobierno habla de diálogo, pero ninguna de las ideas que trascendieron fue consensuada con nosotros”, señalaron desde la CGT. En el Consejo, en cambio, confirmaron que el representante cegetista, Gerardo Martínez (UOCRA), “rechazó las propuestas presentadas y no hizo aportes para el debate”.

El proyecto mantiene la indemnización tradicional —un mes por año trabajado— y desmiente versiones sobre un tope de diez sueldos. “Cero perjuicio al trabajador”, aseguraron voceros oficiales. Sin embargo, introduce varios cambios estructurales que preocupan a los gremios.

Uno de ellos es la limitación de la “ultractividad” de los convenios colectivos, es decir, que estos dejarán de tener vigencia automática una vez vencidos. Además, se priorizarán los acuerdos por empresa sobre los convenios de actividad, lo que, en la práctica, descentraliza la negociación colectiva y le quita poder a las cúpulas sindicales.

La reforma también retoma una vieja idea de Sturzenegger: eliminar las cuotas solidarias obligatorias. Según el texto, los trabajadores no afiliados solo podrán aportar al sindicato si lo aceptan expresamente. Para los gremios, esto apunta directamente a su financiamiento. “Si este decreto voltea las cuotas solidarias, pone en bancarrota a todo el gremio”, había advertido Armando Cavalieri (Comercio) meses atrás.

Otro punto sensible es la reglamentación del derecho de huelga. El proyecto redefine los servicios esenciales, imponiendo un 75% de cobertura en los críticos y 50% en los trascendentales, como ya intentó hacerlo el DNU 70, suspendido por la Justicia.

La iniciativa también introduce el concepto de “salarios dinámicos”, con componentes variables según productividad, mérito o situación económica de la empresa. Para el Consejo de Mayo, esto “incentiva la formalidad y mejora la competitividad”. Pero para los sindicatos, abre la puerta a la discrecionalidad patronal y la pérdida del poder adquisitivo.

El texto incluye además la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para unificar registros laborales, la posibilidad de establecer bancos de horas, y cambios en licencias y vacaciones con mayor flexibilidad para el empleador. También se promueve la capacitación continua como requisito de empleabilidad.

Aunque el Gobierno insiste en que “no se tocan derechos adquiridos”, desde la CGT advierten que se trata de una reforma que “debilita la negociación colectiva y pone en riesgo la estabilidad laboral”. Por eso, adelantaron que “todo lo que haya formado parte del DNU 70 será rechazado”.

El Ejecutivo prevé enviar el proyecto al Congreso antes de fin de año, en un contexto de fuerte tensión con el movimiento obrero y con paritarias que siguen rezagadas frente a la inflación. La reforma laboral, más allá de los matices, se encamina a ser uno de los debates más duros del verano político.