Así lo advierte el nuevo informe “Derechos y regulación del trabajo en plataformas en América Latina”, elaborado por la organización Derechos Digitales, que analiza las legislaciones adoptadas en Chile, México, Uruguay y Colombia. El estudio examina especialmente la protección de datos personales, la transparencia algorítmica, la no discriminación, la libertad sindical y las condiciones de trabajo. 

La expansión de plataformas de reparto y transporte modificó en los últimos años una parte importante del mercado laboral regional. Bajo modalidades presentadas habitualmente como flexibles o autónomas, los trabajadores quedan sometidos en muchos casos a sistemas automatizados que asignan viajes o pedidos, calculan remuneraciones, evalúan su desempeño y pueden bloquear o desactivar sus cuentas.

El informe destaca que América Latina comenzó a responder con regulaciones específicas. Chile abrió ese proceso en 2022 y posteriormente avanzaron México, Uruguay y Colombia, aunque con modelos diferentes para definir la relación entre las empresas y quienes prestan servicios mediante las aplicaciones.

Uno de los principales problemas sigue siendo precisamente la definición del vínculo laboral. Derechos Digitales advierte que persisten categorías ambiguas entre trabajadores dependientes e independientes, una distinción decisiva para determinar el acceso efectivo a derechos laborales y sistemas de protección social.

A ese debate se suma un aspecto cada vez más relevante para el movimiento sindical: quién controla los algoritmos utilizados por las empresas.

Las aplicaciones pueden tomar decisiones que afectan directamente los ingresos y las condiciones laborales sin que los trabajadores conozcan completamente los criterios utilizados. Frente a esa situación, algunas de las nuevas legislaciones comenzaron a incorporar obligaciones vinculadas con la transparencia algorítmica, la protección de datos y la intervención humana ante determinadas decisiones automatizadas.

“Las reformas legislativas en América Latina responden a disputas sociales y demandas concretas de los movimientos de personas trabajadoras de plataformas, pero aún están muy lejos de satisfacer esas necesidades”, sostuvo Jamila Venturini, codirectora ejecutiva de Derechos Digitales, al presentar el trabajo.

La discusión regional coincide además con un cambio significativo a nivel internacional. En junio pasado, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la primera norma internacional específicamente destinada al trabajo decente en la economía de plataformas. 

El convenio reconoce que las plataformas generaron nuevas oportunidades de empleo e ingresos, pero al mismo tiempo señala la existencia de déficits de trabajo decente y establece estándares para proteger a quienes desarrollan estas actividades. Entre otros aspectos, aborda la determinación correcta de la relación laboral, la libertad sindical y negociación colectiva, la seguridad social y las decisiones tomadas mediante sistemas automatizados. 

Sin embargo, su aprobación no implica que esas disposiciones ya tengan vigencia automática en los países de la región. Como ocurre con los convenios de la OIT, los Estados deben avanzar en sus respectivos procesos de ratificación para quedar jurídicamente obligados por la norma.

El informe de Derechos Digitales concluye que las leyes aprobadas constituyen un avance, pero todavía existen dificultades de implementación y modelos que pueden favorecer la informalidad. El desafío, plantea la organización, será conseguir que la expansión tecnológica no se traduzca en una reducción de derechos y que los trabajadores puedan conocer y disputar las decisiones que hoy toman los algoritmos sobre buena parte de su jornada laboral.