APLA volvió a cargar contra el Gobierno de Mendoza y expresó su fastidio por el actual esquema de lucha antigranizo que se desarrolla en aquella provincia, al advertir que las operaciones se estarían realizando al margen de la normativa vigente. Según el gremio que lidera Pablo Biró, el uso de pirotecnia vencida, la falta de habilitaciones correspondientes y prácticas operativas irregulares configuran un escenario de riesgo que compromete tanto la seguridad aérea como la eficacia del sistema.

Desde la organización sindical señalaron que, al no contar con los permisos necesarios, los vuelos destinados a la siembra de nubes quedan encuadrados legalmente como vuelos privados de entrenamiento y no como vuelos de carácter estatal o sanitario, tal como sucedía en etapas anteriores del programa. Esta situación tuvo consecuencias concretas, como la imposibilidad de abastecer de combustible a las aeronaves durante la tormenta del 20 de diciembre de 2025, afectando directamente la capacidad de respuesta ante eventos climáticos severos.

‼️ 𝗟𝘂𝗰𝗵𝗮 𝗔𝗻𝘁𝗶𝗴𝗿𝗮𝗻𝗶𝘇𝗼 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗼𝘇𝗮: 𝗣𝗶𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗮 𝗩𝗲𝗻𝗰𝗶𝗱𝗮, 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗜𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘆 𝗣𝗿𝗮́𝗰𝘁𝗶𝗰𝗮𝘀 𝗘𝗻𝗴𝗮𝗻̃𝗼𝘀𝗮𝘀

Frente a una nueva tormenta que vuelve a afectar la producción… pic.twitter.com/atFQGlDGsq

— APLA (@aplapilotos) January 7, 2026

La lucha antigranizo cumple un rol estratégico para la provincia, ya que es una herramienta clave para proteger las microeconomías regionales, especialmente la producción vitivinícola, frutícola y agrícola en general, que dependen de la mitigación del daño provocado por el granizo. Un sistema ineficiente o irregular no solo pone en riesgo la actividad aérea, sino también miles de puestos de trabajo y la sustentabilidad de amplios sectores productivos.

Finalmente, la entidad cuestionó que el costo del programa sea afrontado por la ciudadanía a través de la factura eléctrica, sin que existan garantías de un funcionamiento adecuado bajo las actuales condiciones operativas. En ese marco, APLA sostuvo que resulta indispensable que el Gobierno de Mendoza aplique su política antigranizo en estricto cumplimiento de las leyes nacionales y provinciales, asegurando transparencia, legalidad y eficacia en una actividad que es vital tanto para la producción como para el interés público.