Los empresarios dieron un primer aval al decreto que firmará Alberto Fernández para disponer un aumento salarial para todos los trabajadores del sector privado, como había adelantado este diario. Directivos de las cámaras de la industria, el comercio, la construcción y el sector pyme se lo adelantaron a los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, a quienes les pidieron que el pago fuese no remunerativo en un principio para abaratar su impacto sobre los costos.

En el encuentro quedó confirmado, además, que la suba tendrá un carácter universal para los trabajadores formales del sector privado, que tributará para la seguridad social (más allá del momento, en función de los pedidos expuestos ayer) y que se efectivizará en tres etapas en los meses de enero, febrero y marzo. El monto, aún no explicitado por los funcionarios, oscilará entre 6 mil y 9 mil pesos que irán a formar parte de los salarios aunque se buscará habilitar las negociaciones paritarias para ampliar su impacto.

Kulfas fue el anfitrión de la reunión que ayer congregó a menos de una decena de dirigentes empresarios: participaron los vicepresidentes regionales de la Unión Industrial Argentina (UIA) Adrián Kaufmann Brea y Guillermo Moretti; el titular de la Cámara Argentina de Comercio, Jorge Di Fiori, y el secretario de la entidad, Mario Grinman; el presidente de la Confederación General Empresaria (Cgera), Marcelo Fernández, con el vice quinto, Pedro Bergaglio, y el secretario general, Raúl Zylbsersztein, y un técnico de la Cámara de la Construcción.

El cónclave fue el segundo paso para la instrumentación del incremento por decreto luego de la reunión que la semana pasada convocó en la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, junto a Moroni, Kulfas y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, con una amplia delegación de sindicalistas de las cúpulas de la CGT y de las dos versiones de la CTA.

Sindicalistas y empresarios admitieron que en ninguna de las dos ocasiones se explicitó un monto para el incremento pero aclararon que el objetivo del Gobierno es tenerlo resuelto esta misma semana. Algunos especularon incluso con un eventual saludo navideño de Alberto Fernández para hoy, acompañado eventualmente con la definición del ajuste salarial.

Las cuatro entidades patronales presentes dieron su aprobación a la medida resuelta por el Ejecutivo. En bloque, de todos modos, plantearon la necesidad de diferir la remuneratividad del aumento para amortiguar el peso sobre sus costos. En esa línea propusieron que una vez definido el valor y su distribución en tres pagos iguales durante el primer trimestre, se hiciera efectivo como no remunerativo y recién pasase a tributar al fisco a partir de su inclusión en las correspondientes discusiones paritarias.

“No hubo rechazos. Desde la Cámara de Comercio queremos que llegue la mayor cantidad de plata al bolsillo de los trabajadores. En todo caso planteamos que pueda diferirse la conversión a remunerativo y que luego eso sea resuelto en la paritaria. Nuestro problema son las cargas patronales y una carga impositiva fenomenal como nunca hubo en la historia argentina”, le explicó anoche a este diario Mario Grinman. El salario formal en la Argentina tiene una carga impositiva del 17% sobre lo que perciben los trabajadores y que representa un 20% extra para el empleador.

La Cgera coincidió con ese pedido y agregó la posibilidad de una refinanciación del valor del aumento a través de los aportes patronales. “Podrían ayudarnos a pagarlo si una parte la cede la gente y otra el Estado con la percepción de esos aportes”, precisó Marcelo Fernández. El dirigente supeditó, además, el éxito de la medida a que “el Gobierno la acompañe con una administración del comercio exterior, la baja de las tasas de interés y las moratorias anunciadas por la AFIP”. En ese sentido, Fernández recordó que “muchas empresas todavía no pudieron pagar el bono de $ 5.000 que fue decretado en octubre” por el expresidente Mauricio Macri.

El incremento por decreto quedó plasmado en la ley de Emergencia que sancionó el viernes el Congreso y que faculta al Ejecutivo a disponer ese tipo de recomposiciones. Pero además quedará enmarcado en las negociaciones que el Gobierno hará una vez formalizado el Consejo Económico y Social y en el acuerdo de precios y salarios.