El presidente Javier Milei dispuso la intervención de los medios públicos en violación de la legislación vigente y pasando por arriba del Congreso de la Nación, ya que algunas de las empresas intervenidas cuentan con directivos votados por distintas representaciones parlamentarias, a quienes se les quitará todo rol. 

Los medios públicos tienen su propia estructura de conducción, establecida por las leyes que los crearon y, en especial, un control democrático a través del Parlamento y del público. De manera absolutamente autoritaria, mediante el Decreto 117/24, publicado en el día de la fecha, el Poder Ejecutivo arrasa con ello y nombra a un interventor y un interventoradjunto que desplazan los directorios de RTA S.E., TELAM S.E., EDUC.AR S.E. y CONTENIDOS PÚBLICOS S.E. pretendiendo asumir todas las facultades establecidas por sus respectivos estatutos. 

En especial, el Decreto 117/24 violenta la ley 26.522, vigente y absolutamente progresiva en materia de comunicación pública democrática. También viola la ley de Sociedades del Estado, forma constitutiva de los medios públicos, que pretendió ser derogada mediante el DNU 70/2023, impugnado por inconstitucional por la FATPREN, en amparo que actualmente tramita en el fuero Contencioso Administrativo Federal. 

En dicho amparo en trámite señalamos la absoluta incompatibilidad del DNU 70/23 con las obligaciones del Estado en materia de sostenimiento y resguardo del rol social de los medios públicos, que garantizan pluralidad de voces, sostienen el sistema informativo del país que hoy sin una agencia como Telam o sin Radio Nacional o la TV Pública estaría sujeto a los antojos de los medios privados y sus intereses económicos, garantiza el federalismo, y la posibilidad de que en todo el territorio nacional lleguen de manera gratuita hechos culturales y de interés público, como el mundial de fútbol o los festivales populares. 

Es clara la intención del Poder Ejecutivo de privatizar los medios públicos para hacer un negocio con ellos, tal vez un negocio inmobiliario, funcional a los sectores privados de la comunicación. 

Por todo esto, solicitamos al Poder Judicial el tratamiento de manera urgente del recurso presentado por nuestra Federación y a los diputados y diputadas a defender el rol del Congreso de la Nación ante un nuevo avasallamiento por parte del gobierno nacional.