Una resolución de la Secretaría de Bioeconomía, comandada por Luis Caputo, desmanteló cuatro unidades de certificación, seguimiento y control de la producción pesquera. La derogación de 12 normas, que no generaban ningún costo al Estado, atenta contra la sostenibilidad de las especies.
Los trabajadores son los primeros en levantar la voz para defender el recurso natural y, por ende, las fuentes laborales y las empresas que las generan. Así lo expresó el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Capitán Mariano Moreno: "No se puede ir contra una reglamentación que no hace más que cuidar el recurso, y que ha posicionado a la Argentina como uno de los productores de mariscos más importantes y avanzados del mundo. No tiene lógica".
La pesca vuelve a estar en el centro del debate sobre el futuro de la actividad, tras un nuevo embate del gobierno nacional. Desde la Secretaría de Bioeconomía, dependiente del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, se puso en vigencia la Resolución 76/2024, mediante la cual se derogaron un total de 12 normas dictadas por el gobierno anterior entre 2021 y 2023. Estas normas estuvieron operativas hasta apenas una semana.
"Si al gobierno esto le genera pérdidas, que lo explique, pero para los trabajadores es una nueva embestida al sector, y van por lo que no lograron con la Ley de Bases: "la apertura indiscriminada del mar argentino a buques de terceras banderas con el consabido saqueo de los recursos naturales", agregó Moreno.
Entre las normas derogadas se encuentran 11 resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y una disposición de la Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, perteneciente a la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Por otro lado, el Capitán denunció que, en paralelo a esta desregulación, el gobierno intervino en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) con la designación de Gonzalo Eduardo Bacigalupo al frente de esta importante institución científica.
"Es una intervención encubierta porque designaron a un trader de pescado, violando el artículo cuarto de la Ley 21673 que crea el organismo, que es muy clara: el director debe ser un profesional con título universitario en alguna disciplina vinculada con las ciencias del mar", apuntó Moreno.
Finalmente, los trabajadores del sector pesquero argentino manifestaron que “se encuentran en alerta permanente ante la indefinición sobre el futuro del Régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de las especies Merluza Hubbsi, Merluza de Cola, Polaca y Merluza Negra que vence el 31 de diciembre del presente año”.
En tal sentido, debemos recordar que el proyecto original de la denominada “Ley Bases” presentaba un capítulo que pretendía entregar los recursos pesqueros argentinos al mejor postor mediante licitaciones públicas internacionales sin ponderar las inversiones que las empresas realicen en nuestro país ni la generación de mano de obra argentina.
Por todo lo expuesto solicitan al Consejo Federal Pesquero “a que garantice la continuidad del actual Régimen de CITC en las condiciones actuales para los próximos 15 años. Ello generará certidumbre para toda la cadena de valor pesquera, comenzando por los trabajadores y empresas pesqueras”
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